Lula tiene sus bienes bloqueados en medio de una "guerra jurídica"

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La decisión de la Justicia brasileña de bloquear de nuevo los bienes de Luiz Inácio Lula da Silva profundiza una "guerra jurídica con fines políticos" en su contra y dificulta la defensa del ex presidente, encarcelado por corrupción, según denunció hoy (ayer) el Instituto Lula.

El ex mandatario, preso desde la noche del sábado, recibió un nuevo golpe judicial después de que un tribunal de Sao Paulo decidiera bloquear una vez más sus bienes para saldar una deuda con el Estado por un supuesto desvío de finalidad de su Instituto.

Según la revista �poca, la deuda llegaría a los 30 millones de reales (alrededor de 8,8 millones de dólares), aunque la defensa del ex mandatario no confirmó el valor.

En el marco de ese proceso, la Justicia también embargó los bienes del Instituto Lula, los del presidente de la institución, Paulo Okamotto, y los de una empresa dedicada a la gestión de las conferencias del ex presidente que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

La pena impuesta por Moro fue ratificada y elevada a 12 años y un mes por un tribunal de segunda instancia, que consideró probado que Lula recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favorecer a la constructora OAS durante su gestión.

Por ese caso, Lula fue recluido en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba la noche del pasado sábado, 48 horas después del decreto de prisión firmado por el juez Moro, responsable por la Lava Jato en primera instancia.

Lula se encuentra "aislado, sin salir al patio, sin poder recibir visitas y con todo lo que tiene y lo que no tiene bloqueado", tras una condena por "actos indeterminados", denunciaron hoy (ayer) a Efe fuentes del instituto que lleva su nombre.

Hasta ahora, Lula tan solo se ha comunicado con sus abogados y el juez Moro determinó la ausencia de "privilegios" durante el régimen de visitas, que para todos los presos está previsto los miércoles.

Desde su prisión, centenares de manifestantes se han concentrado a las puertas de la prisión en un campamento bautizado de "Lula Libre", en el que hoy (ayer) estuvo Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).

Boulos, precandidato del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), advirtió hoy (ayer) sobre una "escalada" de movilizaciones si la Justicia no lo libera en las próximas semanas.

En ese escenario, comisarios de la Policía Federal pidieron hoy (ayer) la "transferencia inmediata" del ex presidente a un lugar que ofrezca "condiciones de seguridad y que no provoque trastornos y riesgos tanto a la población como a los agentes federales".

Fuentes del Sindicato de los Comisarios de la Policía Federal de Paraná sugirieron una unidad de las Fuerzas Armadas de Brasil como el lugar idóneo para la reclusión de Lula, quien se considera víctima de una persecución política que busca impedir su candidatura para las elecciones de octubre.

El sindicato subrayó que "hay comprobados riesgos a la población que reside en torno al edificio de la Policía Federal, a los agentes federales y al resto de los integrantes del sistema de Seguridad Pública que viven en las inmediaciones" del recinto en razón de la "invasión" de seguidores de Lula, señaló el sindicato en la nota.

La entidad también indicó que "algunos invasores, que ya se instalaron con tiendas de campañas", están promoviendo "acciones en el sentido de intimidar" a los habitantes, que han informado a las autoridades que "temen por la seguridad de sus familias" tras recibir "amenazas" de los manifestantes.

Una de las líderes del campamento "Lula Libre" es la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffmann, una férrea defensora del ex líder sindical y quien se ha alzado como la portavoz del ex presidente desde su detención.

Fuente: Sao Paulo, 11 (EFE)