A 18 meses del contrato, ministro afirma que estudio medioambiental estará en agosto

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Casi 18 meses después de la firma de contrato de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, el ministro de Energía, Rafael Alarcón afirmó que el estudio de impacto ambiental recién estará en agosto.

Consultado sobre los motivos por los cuales no se transparenta la información técnica sobre los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico Rositas, Alarcón respondió: "estará en agosto, ¿cómo le puedo dar información si no he terminado mi estudio?".

Sin embargo, no explicó por qué ENDE no llevó adelante la consulta previa, libre e informada como manda la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales referidos a los pueblos indígenas, antes de firmar un contrato que da por hecho un proyecto hidroeléctrico con importantes impactos ambientales.

Respondió: "Lo malo del proyecto es la acción política de algunos actores en el departamento de Santa Cruz, de algunas organizaciones que tratan de desvirtuar el proyecto, que tratan de defenestrar el proyecto (�?). ¿Qué se está haciendo mal?, el trabajo de algunos medios de comunicación, Fides (ANF) por ejemplo, de algunas organizaciones, ONG en la zona, de algunas autoridades que están distorsionando la información".

La firma entre ENDE y AAR, que data del 15 de septiembre de 2009, es de carácter definitivo y permite iniciar los trámites de financiamiento ante el Eximbank de China, y tener la posibilidad de agregar adendas al contrato.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, de un costo de 1.000 millones de dólares, que inundaría unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera del departamento de Santa Cruz. Se estimó que 500 familias de esas comunidades indígenas deberán dejar sus viviendas y salir de esa zona, pero han anunciado que no lo harán.

El miércoles, el juez de Garantías de Cochabamba, �?scar Ortiz, quien admitió la acción popular presentada por dos comunidades indígenas guaraníes en contra de la hidroeléctrica Rositas, y determinó paralizar toda acción administrativa y judicial del proyecto, terminó declinando su competencia.

PROPIEDAD VULNERADA

El vicepresidente de la comunidad Moroco de la provincia Cordillera y representante de los propietarios privados, Benigno Barrientos, denunció falta de información por parte de ENDE y acoso estatal permanente en la zona de influencia de Rositas.

"No nos informan, se nos acosa, y no conocemos ninguna alternativa. Durante tres años nos han venido acosando, no conocemos el resultado de los informes socioeconómicos y de impacto ambiental. (�?). El Ministro de Energía en lugar de llamar a defender un proyecto hidroeléctrico debería decirnos ¿dónde hay 45 mil hectáreas de tierra para reubicar a los afectados?", cuestionó.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, de un costo de mil millones de dólares, que inundaría unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Unas 500 familias de esas comunidades indígenas deberían dejar sus viviendas y salir de esa zona, pero han anunciado que no lo harán.

Fuente: La Paz, 5 (ANF)