Negociación salarial tripartita

Como en lo últimos años, en el mismo periodo y con la esperanza generalizada de los trabajadores, se considera el delicado problema del aumento salarial de la gestión y los aprestos comienzan en el organismo sindical con su planteamiento al gobierno y la respuesta regular, para negociar los porcentajes propuestos por cada una de las partes.

En el proceso como se observa desde hace tiempo, sólo negocian el ministerio de Trabajo y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), como si se tratara de un esquema en el que la actividad productiva corresponde sólo al Estado y sus trabajadores, un sistema que no es el nuestro y que incluso en otras latitudes se abre al sector empresarial privado, así sea mínima su contribución social.

El Estado paga salarios con dineros del Presupuesto Nacional, que como se sabe son los recursos de absolutamente todos los bolivianos, pero en este rubro de particular movimiento favorecen a los trabajadores de la administración pública y de las empresas estatales, varias con problemas financieros, pero igualmente cumplidoras de las obligaciones salariales.

No es la misma situación del empresariado privado sujeto a una serie de variables financieras, que en algunos casos no pueden compensarse para cubrir la escala de salarios que se fija entre dos partes y no se toma en cuenta a la tercera que debería ser convocada para exponer y considerar sus condiciones reales y posibilidades de cubrir un incremento salarial que casi siempre está fuera de los límites permisibles de las empresas, debido a múltiples factores que hacen dificultosa su rentabilidad, cuando no están dadas las condiciones apropiadas de competencia e incentivos para compensar, incrementos salariales desmedidos.

En la gestión actual y prescindiendo de la participación empresarial, la COB propone un incremento del 7 por ciento, en relación a la inflación registrada, en tanto que el ministerio del ramo propuso un 4 por ciento, sin tomar en cuenta la posición del empresariado privado que recomienda un aumento que no pase del 3 por ciento, dadas las condiciones vigentes con una desaceleración económica, un enfriamiento de las finanzas y la diferencia sustancial en el sector privado que no tiene un crecimiento homogéneo, más bien de variables muy particulares incluso regionalmente, por lo que su capacidad no está en posibilidades de asumir un aumento desproporcional.

El empresariado insiste en su participación en la fase negociadora para exponer sus razones y mostrar objetivamente los detalles del comportamiento económico del país, que ha bajado en su ritmo de crecimiento y merece consideraciones especiales para no generar desfases que compliquen la situación social, en materia del cuidado de las fuentes de empleo, que en última instancia son las que se reducen obligadamente para cumplir con aumentos desmedidos.

Una vez más en materia salarial, se observa que las pequeñas y medianas empresas serán las que confronten otro duro golpe en sus finanzas, si no se regula el incremento salarial en función a la realidad productiva nacional.

Fuente: LA PATRIA