Como todos los años, en los primeros meses y antes de mayo, el trámite del sector laboral se despliega en el Ministerio de Trabajo para atender la demanda de la Central Obrera Boliviana que tiene su propio planteamiento, que por supuesto siempre es más alto que el sugerido por el Gobierno que basa su porcentaje en la variable del índice inflacionario y el Producto Interno Bruto.
En los últimos años, el proceso es el mismo y el final de la gestión es un incremento que "supuestamente" compensa el desajuste registrado en el comportamiento de la economía nacional, que por su variabilidad y por una serie de factores que tienen que ver con la competencia de precios de productos internados a nuestro país y el provecho logrado gracias a nuestra política cambiaria inamovible, los costos comerciales tienen un implícito reajuste porcentual que desnivela la relación entre salario y gasto familiar.
El actual planteamiento laboral refiere que el alza salarial para la presente gestión debe superar el 7 por ciento, mientras que la propuesta oficial no pasará del 4 por ciento, optimistamente, por lo mismo la negociación se abrirá con posiciones encontradas, como indican los observadores, al situar el asunto en la mismísima situación de pasadas gestiones, cuando las negociaciones se cumplieron entre dos partes protagonistas del hecho, omitiendo la participación del sector privado que al final de la pulseta, resulta el que paga los "platos rotos" sin haberlos quebrado.
Lo que corresponde al hecho real, es que de cualquier modo al fijarse un determinado porcentaje de incremento salarial, el sector de la administración pública o mejor estatal, paga el nuevo salario que se financia con dinero que corresponde a la propiedad de todos los bolivianos, pero se gasta para beneficio de los empleados públicos. Otro es el cantar en el sector privado donde los incrementos no siempre pueden ser cubiertos holgadamente, lo que significa en muchos casos la disminución de empleados o el cierre parcial de empresas.
Este asunto del incremento de salarios, en un análisis de estudiosos del fenómeno social en Bolivia, devela que el proceso al final de toda una operación más de números que de billetes, no cumple el objetivo de mejorar la condición social de los trabajadores, la causa es que paralelamente al aumento, no hay ninguna medida que frene la especulación de precios, que se da de manera paralela al incremento de salarios.
Es un proceso en círculo que ajustando muy estrictamente el uso de los salarios apenas deja un mínimo beneficio, que ni siquiera permite encarar un factor de ahorro económico familiar. Lo que sucede es que en la misma o en mayor proporción a la que se aumenta el salario, los hábiles comerciantes aplican un incremento de precios, en un porcentaje que compensa su propio salario, pero les otorga un margen más de utilidad para fines de capitalización, lo que resulta permitido, por lo menos hasta ahora que rige de manera displicente, el famoso decreto 21060 que avala el libre juego de la oferta y la demanda.
Al final de cuentas, como manifiesta el que gasta, se trata de un proceso aleatorio a fines socio políticos que despiertan entusiasmo y expectativa, pero que al final y en cuestión de tiempo, su efecto es de reducida utilidad como para romper el círculo de salarios y precios, que debería cambiar sustancialmente con un freno gubernamental a la inflación, única manera de mejorar efectivamente los salarios.
Fuente: LA PATRIA
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