El asunto así planteado fríamente, dadas las diversas circunstancias por las que atraviesa nuestro país, puede tener connotaciones particulares dependiendo del cristal con que se vea el caso, desde el orden político, estratégico, castrense, aduanero o del cumplimiento de un planteamiento de la comunidad que pide la presencia militar, en la extensa franja fronteriza, para "sentar soberanía".
Tómese el caso con cargo de inventario, para asentarlo en la cuenta más apropiada al producirse un proceso necesario de ubicar recintos militares en sitios estratégicos de nuestra extensa frontera, especialmente la chilena muy utilizada para fines de penetración de caravanas de camiones de contrabando y de autos chutos que salen del territorio vecino.
La lógica señala que lo importante para este plan es tener habilitados recintos apropiados para alojar a los efectivos militares que fueran desplazados a las zonas fronterizas. Jefes, oficiales y soldados merecen una atención especial, mínimamente de seguridad, cobijo apropiado y condiciones propicias para su labor de vigilancia, pues la propuesta de militarización trata de eso.
El hecho que motivó la necesidad de tener unidades castrenses en la frontera, es el cruel asesinato de oficiales de la Unidad de Control Aduanero (UCA) a manos de contrabandistas que operan impunemente en la frontera y algunas poblaciones como la de Sabaya, donde hace tiempo imperaba la "ley del más fuerte", que correspondía a los contrabandistas organizados y hasta narcotraficantes.
Esa población pese a los riesgos que entraña su ocupación, se encuentra en la actualidad bajo un "discreto" control de efectivos militares y de la UCA, para evitar el movimiento de contrabandistas que han mostrado su posición delincuencial al quitar la vida de dos oficiales de la UCA.
Hace tiempo se logró un acuerdo de servicios conjuntos, entre personal de la Aduana y efectivos militares para fortalecer una acción represiva del contrabando que tomó varias poblaciones bajo su control, convirtiéndolas en "tierra de nadie", amedrentando y sobornando a muchos pobladores que por fuerza y temor se convirtieron en cómplices de los contrabandistas.
Se descarta que la exigencia tenga connotación política, pues así se trate de un planteamiento de un parlamentario opositor, el tema ya era procesado por las autoridades de Gobierno y las militares, para crear unidades de control y apoyo a las comunidades rurales, en planes de desarrollo, pero además en un control más directo en la frontera para reducir el tránsito de contrabando y cualquier actividad de narcotráfico.
El hecho es que así como se anunció el plan, se diluyó rápidamente al no existir la infraestructura apropiada para alojar contingentes militares y personal combinado de aduana y Policía?pero la idea se mantenía como parte de un proyecto en el que ya se han hecho inversiones, aunque todavía no se observan resultados evidentes de la presencia militar en puntos fronterizos.
La muerte de dos efectivos militares en cumplimiento de su tarea de combatir el contrabando, ha motivado otra vez, reactualizar y activar ese proceso de militarizar algunas poblaciones próximas a la frontera, desde donde operarán las fuerzas combinadas contra el contrabando y otras acciones que alteren nuestra soberanía. El asunto debe merecer tratamiento de urgencia y responsabilidad compartida en materia de gastos, por parte del Gobierno, FF.AA y la Aduana.
Fuente: LA PATRIA
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