Parlamento catalán cancela votación para elegir presidente gobierno regional

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El Parlamento de Cataluña canceló hoy (ayer) la segunda votación programada para elegir presidente regional al independentista Jordi Turull, quien la víspera fue procesado por rebelión y encarcelado por su implicación en el proceso secesionista ilegal iniciado en esta comunidad autónoma española en 2017.

El presidente de la cámara catalana, Roger Torrent (ERC, republicanos de izquierda) suspendió el pleno de investidura convocado para este sábado por la "enorme excepcionalidad" y "gravedad" del momento, según argumentó al constatar que el candidato no podría personarse.

Turull no consiguió la confianza del Parlamento en una primera votación celebrada el jueves pasado.

Entonces requería el apoyo de al menos 68 de los 135 diputados regionales (mayoría absoluta), pero solo logró 64 votos, con 65 en contra y 4 abstenciones. Dos parlamentarios, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex consejero de su gobierno Antoni Comín, no pudieron votar por permanecer huidos de la Justicia española.

Torrent aprovechó la sesión parlamentaria de hoy (ayer) para arremeter contra las, a su juicio, "injerencias" del Estado español, que en su opinión están "impidiendo" que la voluntad ciudadana se traduzca en la elección de un nuevo jefe de gobierno catalán. Apoyó a los presos y a los fugados por el proceso independentista, a los que llamó "exiliados".

En una declaración posterior fuera del salón de plenos y ante familiares de encarcelados, pidió un "frente común" para preservar la democracia y los derechos fundamentales de la "represión" y la "involución" políticas y defender al Parlamento catalán, "asediado -dijo- por los tribunales".

Torrent pertenece a ERC, partido independentista, republicano y de izquierdas.

Por el contrario, la líder de los liberales de Ciudadanos (Primer partido de Cataluña), Inés Arrimadas, conminó a los soberanistas a recuperar el sentido común, restaurar la convivencia social y poner término al proceso separatista porque ha sido un "fracaso colectivo".

Ahora, Torrent deberá estudiar si abre una nueva ronda de consultas parlamentarias para buscar otro candidato.

Antes de Turull fueron propuestos Puigdemont y el también encarcelado Jordi Sánchez, que renunciaron por la imposibilidad de ser elegidos. Los tres pertenecen a la coalición electoral independentista Juntos por Cataluña (JxCat, centroderecha).

El Parlamento catalán dispone de dos meses para investir un presidente regional, tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado. Si no fuera así, se convocarían nuevos comicios.

Pese a las advertencias repetidas del Tribunal Constitucional español, el gobierno independentista catalán convocó un referéndum de "autodeterminación" para el 1 de octubre de 2017. El Parlamento regional de entonces, de mayoría separatista, aprobó el día 27 de ese mes una declaración a favor de la secesión unilateral.

El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros ese mismo día y convocó las elecciones regionales de diciembre, ganadas en minoría por Ciudadanos (36 diputados).

Las fuerzas separatistas sumaron mayoría absoluta en conjunto: JxCat (34); ERC (32), que apoyaba la candidatura de Turull; y la CUP (4), anticapitalistas que se abstuvieron en la votación del jueves.

Simultáneamente se desarrollaron las investigaciones judiciales sobre el proceso independentista, que culminaron este viernes con el procesamiento por rebelión de 13 líderes catalanes.

El juez Pablo Llarena ordenó prisión sin fianza para cinco -incluido Turull- y pidió la detención de cuatro huidos al extranjero, como Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.

Puigdemont, que está de visita en Finlandia, se presentará a la policía finlandesa, que ha recibido ya la orden europea de detención de la Justicia española, informó hoy (ayer) su abogado, Jaume Alonso Cuevillas.

Los cuatro restantes, como el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras (ERC), ya estaban encarcelados preventivamente.

Además, el magistrado decidió enviar a juicio a otros doce investigados por cargos como desobediencia y malversación.

El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy (ayer) que nadie está en prisión en España por un pensamiento político, sino por haber cometido "hechos presuntamente delictivos, hechos que son muy graves". Sugirió que se proponga un candidato que reúna las condiciones "legales" para ser elegido presidente de Cataluña.

Fuente: Barcelona (España), 24 (EFE)