Hacinamiento y violencia carcelaria

Los acontecimientos ocurridos -la semana pasada- en la cárcel de máxima seguridad de Palmasola en Santa Cruz, que cobró la vida de 8 reclusos y más de veinte heridos, ha revelado pormenores de la vida de los privados de libertad en el penal, desde el dominio de internos que ejercían el poder, el cobro de dinero por alquiler de lugares para descansar, venta de bebidas alcohólicas, fábrica de alcohol, tenencia de armas blancas y de fuego, circulación de droga, etc.

En la mayoría de las cárceles de Bolivia los internos se encuentran mezclados por diferentes delitos que cometieron entre ellos: estafa, asesinato, narcotráfico, violación, feminicidio, infanticidio, robo, etc. entre ellos peligrosos, reincidentes, los que no son clasificados según el tipo de delito y ubicados en diferentes celdas espacios o compartimientos que debería ser lo correcto de modo de evitar la proliferación de comportamientos violentos impulsivos y asociaciones delincuenciales, que puedan generar malestar inseguridad y violencia dentro los penales.

En los centros penitenciarios de Bolivia existen aproximadamente 18.000 detenidos, de estos el 80%, 14.400 se encuentran con detención preventiva, resolución momentánea empleada con frecuencia por jueces, lo que está ocasionando una convulsión y hacinamiento carcelario que es una realidad que azota hoy, más que nunca, a los sistemas carcelarios latinoamericanos, de los cuales Bolivia no es la excepción.

En estos centros penitenciarios hay sobre población de 300%, es decir que en las 19 cárceles que existen en el país, deberían de albergar como máximo 6.000 internos sin embargo se tiene 18.000. Una y otra vez se reportan eventos violentos en los establecimientos penitenciarios, en los cuales no sólo privados de libertad han sufrido las consecuencias y hasta perdido la vida, sino también funcionarios policiales.

Es indispensable hacer una planificación para contar con una nueva infraestructura carcelaria modelo con celdas clasificadas de acuerdo al tipo de delito, y penales de máxima seguridad para reclusos de alta peligrosidad que estén ubicados distantes de las ciudades capitales y que todos estos cuenten con servicios médicos, Iglesia, batería de baños y duchas, ambientes amplios para cocina y terapias psicológicas, de orientación familiar, jurídica, formación escolar secundaria técnica y académica. Para implantar este proyecto es indispensable que el Estado incremente el presupuesto que podría ser generado por fondos provenientes de la venta de bienes incautados al narcotráfico, al contrabando y ganancias ilícitas en contrapartida con el Ministerio de Gobierno, las Gobernaciones y Alcaldías de los Departamentos.

El trabajo hecho por la Policía Nacional en las diferentes cárceles fue de acuerdo a las posibilidades, con armas y materiales proporcionados, lo que no alcanza en número de efectivos, carecen de indumentaria, infraestructura y ambientes destinados al descanso y vigilancia constante, además de bono salarial para evitar la corrupción en estos centros con el objetivo de lograr en el interno la rehabilitación y reinserción a la sociedad, beneficio en la disminución de las penas y prelibertad por buen comportamiento se hace preciso trabajar con la iglesia católica y evangélica, Organizaciones no gubernamentales, el poder judicial, y otros para conseguir un cambio total en el interno.

Una triste realidad que se vive en las cárceles es que la mayoría de los internos son padres y madres de familia y deben cubrir algunos gastos de los hijos, por lo que es necesario implantar pequeñas o medianas industrias de muebles, mecánica, panadería, textiles, artesanía, etc., los que para tener su propia autonomía de gestión deberían hacer que el Estado y sus diferentes reparticiones consuman, adquieran y se adjudiquen esos trabajos, así lograr un ingreso para los internos e incrementar el pre diario que es muy bajo.

La permanencia y vivencia de los Niños en el interior de las cárceles, es un problema que el Estado debe encarar desde un carácter social, psicológico y educativo para su bienestar, en razón de que es el único país en el mundo donde se permite la convivencia junto a sus padres. Según datos del Régimen Interior, un total de 615 menores en Bolivia viven en cárceles junto a sus padres y de ese total la mayoría, 420, están en penitenciarias de La Paz. Es primordial trabajar en un proceso concertado para sacarlos, llevarlos a centros de acogida y luego, en lo posible, entregarlos a sus familias ampliadas, y en ningún momento se debe pensar en usar la fuerza, entrar y retirarlos con violencia.

La vigencia y aplicación de los derechos humanos en las cárceles del mundo entero en una mayoría no se respetaron y es bueno tomar en cuenta que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos derivan de la dignidad, inherente a la persona. Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin excepciones.

Con el propósito de ejercer un control efectivo de la Policía Nacional en las cárceles de Bolivia, es conveniente implantar una aplicación informática conectada a la dirección de Régimen Penitenciario mediante un sistema de red de comunicaciones para controlar el movimiento de cada interno, desde los datos de identificación del interno, familiares cercanos, estado de los procesos, visitas, conducta, trabajos efectuados, etc. La construcción de cárceles de máxima seguridad es de suma importancia para aquellos reclusos violentos y peligrosos, pero también es aconsejable trabajar para reducir el número de detenidos y de las cárceles en el país. Tarea transcendental en la modificación del Sistema de Código Penal y en la modificación de la Ley de Régimen Penitenciario.

(*) Ingeniero