Se busca un enfermo mental

Después de un mes y 10 días de la primera explosión que se produjo en una calle de Oruro, a una cuadra del escenario carnavalero y en el día de la entrada de sábado y la segunda explosión a 100 metros de la primera y con tres días de diferencia, parecería que la investigación llega a su estado final pues algunas autoridades han emitido ciertos juicios "concluyentes" que parecería son los finales en un caso muy complejo y harto preocupante.

Se mencionan dos hipótesis, una primera que se trataría de un caso que compromete a la familia de una de las víctimas, en una disputa interna por el patrimonio de la fallecida, pero en una rara situación que no ha permitido a los investigadores reunir indicios suficientes para encontrar entre parientes al o los culpables del hecho, pese a que se interrogó a muchos y algunos se presentaron voluntariamente al ciclo de pesquisas.

Durante el largo periodo de investigaciones, indagatorias, recolección de pruebas, observación en el terreno y desde el lugar, el comportamiento de algunos vecinos, la policía y fiscalía mantuvieron "cercada" el área de los hechos, ocasionando un grave perjuicio a la vecindad, situación que menos mal concluyó, al haberse dispuesto la apertura del cerco y la limpieza de escombros.

Lo que se sabe es que por otra vía investigativa se continua haciendo un "cruce" de más de 2.000 llamadas telefónicas que se produjeron en los días de las dos explosiones y subsiguientes, aparentemente realizadas por personas que fueran vinculadas a familias de las víctimas, un proceso que continuará en pos de ubicar al psicópata que anda suelto.

En realidad este es el aspecto más preocupante para la vecindad del lugar y para toda la comunidad, sabiendo que un enfermo mental que pudo hacer estragos con dos explosiones, causando la muerte de 12 personas y heridas a más de 60, esté en libertad, constituyéndose en un "peligro público", cuyas acciones fuera de control, pueden inducirlo a producir más desastres, por lo mismo la situación reinante es de alto riesgo, más aún si el enfermo mental es parte próxima, directa o indirectamente a las familias de las víctimas.

La oferta de una recompensa de 150 mil bolivianos para personas que facilitasen datos sobre posibles culpables, parece que no tuvo efecto, pero quizá pueda incrementarse y ampliarse a quién tenga alguna información sobre la presencia de un enfermo mental, de quiénes se dice que por circunstancias especiales suelen volver a la escena de sus fechorías.

La investigación si bien ha sido concluida en una de sus fases, no puede ser cerrada en tanto no se esclarezca un caso que por sus connotaciones, tiene mucha complejidad, pero no puede quedar en la impunidad. Las autoridades especializadas en la materia, tienen que extremar esfuerzos y recursos para encontrar la hebra que los conducirá al ovillo, de un hecho que por su lamentable saldo de muertos y heridos, en la vía pública debe ser aclarado para devolver además seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

Fuente: LA PATRIA