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Sábado 10 de marzo de 2018

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Sábado 10 de marzo de 2018
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Municipio confirma licitación nacional del embovedado del Canal Tagarete
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Palmasola: Confirman que motín fue por rivalidades y no por desalojo de niños
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"Banderazo" uno de los temas más mediáticos de la semana
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Ante gran expectativa
Escuela de Gastronomía IGLA abrió sus puertas a la ciudadanía orureña
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Transportistas: Recinto aduanero de Pasto Grande tiene falencias en su funcionamiento
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Garantizan $us 57 millones para fase II del hospital Oruro-Corea
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Como apoyo a la reivindicación marítima
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En relación al 2016
Ejecución presupuestaria de la Gobernación cayó el 2017
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Tras inspección
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Por aumento de precios de estaño y petróleo podría adicionarse recursos en la Gobernación
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Problemas renales pueden evitarse con el consumo de agua y alimentos sanos
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En Oruro
634 personas reciben hemodiálisis por insuficiencia renal en la CNS
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Editorial
Cotidianidad conflictiva
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Picadas
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EL SATÃ?LITE DE LA LUNA
Los premios Oscál
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Otra versión de Hilarión Daza
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DESDE LA TIERRA
Más palo para La Paz
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La Policía, preservadora del orden público
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Irrefrenable continúa la violencia de género
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Emergencia por suspensión de año en la normal mojeña
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Diputada Rivero señala a "megacoaliciones" por masacre de octubre de 2003
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Caso Alexander: Fiscalía es responsable del 33 % de audiencias suspendidas
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Gobernador de Chuquisaca arremete contra periódico por denuncia sobre el "banderazo"
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Concejal Olivera
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Quispe consultará a la coca para ver si asiste a juicio
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Wawa Teatro se convierte en un encuentro internacional
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Los bordadores agradecerán con su danza a la Virgen del Socavón
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Liberan con sustitutivas a militar implicado en red internacional de pornografía infantil
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Defensor: Mientras esté la Policía en el control interno, el problema de las cárceles seguirá
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Alcaldía informa que TSE anuló el proceso revocatorio contra Revilla
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Juez ordena aprehensión del fiscal de La Paz Edwin Blanco
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Diputado del MAS-La Paz admite que dieron rollos de tela al ´banderazo´
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Editorial y opiniones

La Policía, preservadora del orden público

10 mar 2018

Gustavo Félix Garnica Peñarrieta

Una de las funciones irrenunciables de todo Estado consiste en ostentar el monopolio de la obligación. Se trata de algo indispensable si se quiere preservar el orden público y la paz social, pero no es menos cierto que nos encontramos ante un factor extremadamente delicado. Se atribuyen al Estado facultades extraordinarias que pueden desembocar, en el caso de un uso irregular, en la vulneración grave de los derechos de los ciudadanos. Es por ello que se necesitan diversos instrumentos jurídicos para canalizar las actuaciones de los poderes públicos y evitar consecuencias inadmisibles.

En este sentido, el Estado de Derecho se dirige precisamente a señalar una serie de criterios y procedimientos que el Estado debe obligatoriamente cumplir para ejercer, de forma correcta, las potestades que tiene atribuidas.

Los policías constituyen, por lo tanto, un estamento indispensable para la salvaguarda de la seguridad pública. Sus actuaciones deben orientarse hacia un uso firme, pero también proporcionado de sus excepcionales facultades. No sería correcto, en primer lugar, mantener a estos servidores públicos en una situación de incertidumbre jurídica que conllevara dudas permanentes sobre la corrección de sus acciones. Tampoco sería justo, sin embargo, que el ordenamiento jurídico olvidara los legítimos derechos de los destinatarios de las actuaciones policiales y les privara de un marco legal previsible y predeterminado.

Se trata, en definitiva, de confeccionar un conjunto de reglas que especifiquen claramente cuáles son los derechos y los deberes de cada uno de los participantes en este tipo de acciones. De esta forma, los policías conocerán cuáles son sus potestades, pero también dónde se encuentran los límites que no pueden franquear. La policía da respuesta a la necesidad social de seguridad pública ya que, sin ella, la tranquilidad, como elemento necesario para desarrollar cualquier actividad humana, se vería amenazada a cada momento.

Cuando un ciudadano es violentado en sus derechos, cuando es molestado o privado de sus bienes jurídicos fundamentales, la Policía debe significar el auxilio y la protección que espera. Es el primer elemento objetivo de justicia. La paz y tranquilidad de una comunidad dependen, en gran medida, de la voluntad y buena preparación de los policías.

Policía es toda aquella persona que presta sus servicios en el Estado y tiene por misión garantizar la seguridad pública empleando, en caso de que se estime absolutamente necesario, la coacción física.

Los policías tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. La Constitución Política del Estado los reconoce aludiendo, por ejemplo, a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. La función que realizan los policías no implica, por lo tanto, ninguna restricción en la tutela de sus derechos como meros ciudadanos. Deben ser tratados igual que cualquier otra persona.

(*) Coronel DESP, Director Nacional de Interpol Bolivia

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