Caso Alexander: Fiscalía es responsable del 33 % de audiencias suspendidas

Del total de audiencias suspendidas en el juicio oral del caso Alexander, el Ministerio Público es responsable de 33 % de las veces, seguido por la ausencia de la secretaria del Tribunal dependiente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) con 31 % y 13 % por ausencia de la Defensa Pública.

Según una fuente allegada al Ministerio Público, a la Fiscalía se le atribuyen 20 suspensiones, a la inasistencia de la secretaria de Tribunal 19, a la Defensa Pública 8, al Tribunal 7, a una de las coacusadas 6, entre los principales. En total suman 66 suspensiones de audiencia en el juicio oral.

Respecto al Ministerio Público, la audiencia fue suspendida en dos ocasiones porque no llegaron sus testigos; en tres ocasiones por el perito; nueve veces por la inasistencia de fiscales, entre ellos Susana Boyán y Genaro Quenta; y seis fechas suspendidas por la recusación presentada por la fiscal Boyán, lo que hace el 33% de las audiencias suspendidas.

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, preguntado sobre la responsabilidad del Ministerio Público en la suspensión de audiencias, dijo que "no son atribuibles al Ministerio Público y la mayoría de las veces (las suspensiones fueron) justificadas". Además agregó que "es un derecho del Ministerio Público impugnar". Este conteo de las audiencias suspendidas no toma en cuenta los tres meses de baja médica por embarazo de la juez técnica Gladys Guerrero ni tampoco las vacaciones de la fiscal Boyán donde el fiscal asignado en su reemplazo se negó a asistir con el argumento de tener otro juicio. Por este motivo la presidenta del Tribunal, Patricia Pacajes, ofició un pedido hasta Sucre para que el Fiscal General asigne a un funcionario, hecho que no ocurrió.

Pacajes dijo, en una anterior declaración, que por la falta de secretaria, ella y el Tribunal en pleno, comunicó al Presidente del Tribunal Departamental "para que nombre secretaria a la brevedad posible, así como (informó de la situación) al Consejo de la Judicatura". "Es más, ha tenido conocimiento de esas suspensiones el Consejo de la Magistratura de Sucre, la suscrita ha elevado oficios a dichas instancias quienes nombran el personal funcionario subalterno del tribunal", refirió.

La fiscal Boyán también fue denunciada por presionar y amedrentar constantemente mediante gritos al Tribunal Décimo de Sentencia y amenazar con procesos a sus integrantes. La defensa de uno de los acusados señaló al respecto que se ven amedrentados y amenazados por el Ministerio Público.

Para el fiscal Blanco, la retardación en el juicio se debe a la falta del "poder ordenador de los jueces y eso evidentemente genera responsabilidades".

"No podemos nosotros permitir que autoridades jurisdiccionales estén vulnerando derechos, maltrato a los fiscales, maltrato, tanto a abogados de la parte denunciante, retardación de justicia, la falta de asignación de secretario o secretaria", apuntó.

Fuente: La Paz, 9 (ANF)