Violencia política contra las mujeres

El día de ayer se celebró el día internacional de la mujer, y como un homenaje deseo referirme a la violencia política contra las mujeres. En Bolivia la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política promulgada el 28 de mayo de 2012, tendrá -en dos meses- seis años de vigencia, no obstante no se ha avanzado mucho, no existe un reglamento claro para la sanción a los infractores y los casos se van incrementando en diferentes municipios y ahora también en el sector de la admiración pública.

El número, notablemente reducido, de mujeres que ocupan puestos públicos actualmente se cifra en un promedio mundial de alrededor del 16,7% en las Asambleas Nacionales y éste es un déficit que debe corregirse. El aumento de la participación de las mujeres ocurre en todos los niveles de los Gobiernos democráticos, desde los niveles locales hasta los niveles nacionales y regionales, diversifica el carácter de las asambleas democráticas y permite que la adopción de decisiones públicas responda a las necesidades de los ciudadanos que pueden haber sido dejadas de lado en el pasado

El acoso y violencia política para con las mujeres se ha ido incrementando en los últimos años sobre todo en los municipios del área rural donde existe participación de las mujeres en la conformación de los consejos municipales y en el ejercicio mismo de las funciones como alcaldesas, Al respecto la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) revelaron que dos terceras partes de las amenazas, vejaciones o agresiones a mujeres que ejercen cargos municipales no son denunciadas. Cuarenta y ocho de cada 100 concejalas en el país, según un estudio de Acobol, alguna vez fueron víctimas de esta clase de hechos, la mayoría de los cuales quedó en la impunidad.

Como consecuencia de constantes atropellos, agresiones, violencia física y moral que sufren las mujeres en funciones políticas en el país, resulta significativo recordar la trágica muerte de Juana Quispe concejala del Municipio de Ancoraimes Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz

"Gané un amparo constitucional y ni así me dejaron ingresar. Hicieron ampliados y cabildos en los que me querían hacer renunciar a la fuerza; me arrastraron por la plaza, ni a mi hijo de diez años han respetado. (Comienza a llorar) No me he rendido. Les dije que si querían podían matarme", denunció Juana Quispe -seis meses antes de su misteriosa muerte (Abril de 2010)-. Tenía 43 años cuando fue asesinada. Su cuerpo fue hallado por la Policía a orillas del río Orkojahuira, en La Paz, con signos de haber sido estrangulada.

Este trágico desenlace dio origen a la promulgación de la Ley 243, Ley Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, el 28 de mayo de 2012. Según esta Ley, se entiende acoso político "al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos".

Es una Ley largamente impulsada para defender y proteger el ejercicio de la función pública y política de las mujeres, expuesta permanentemente a la discriminación, la intolerancia y los riesgos, que no acaban en insultos, amenazas y presiones para alejarlas de sus cargos sino que acaban con frecuencia con sus vidas

Una encuesta efectuada por la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), organización que impulsó esta ley ante la insostenible situación de las mujeres que optan por el ejercicio de cargos políticos, sostiene que más de la mitad de las concejalas en Bolivia dice sentir algún tipo de acoso y violencia política, pero menos de la mitad la denuncia. Los datos, que fueron presentados en la entrega de la propuesta de reglamentación para la aplicación de la Ley Nº 243, afirman que el 59% de las concejalas han sido víctimas de diferentes formas de violencia política y sólo el 28% se atrevió a denunciarlas.

Según últimos datos proporcionados por Acobol desde 2013 hasta abril de este año, se presentaron 45 casos por acoso político hacia las mujeres y 8 por violencia política llegaron a estrados judiciales, Por otro lado el Consejo de la Magistratura, indico que la mayoría de los 45 casos de violencia política están en los departamentos de Chuquisaca, con 23; Oruro, con 17; Santa Cruz, con 3; y Potosí con 2 casos. Del total de procesos por violencia política, 4 se ventilan en Santa Cruz y 3 en Oruro.

En un ambiente de tan exacerbado patriarcalismo -donde el mundo en el ejercicio de la política es casi por consenso eminentemente masculino- las mujeres que llegan a instancias de representación son sujetas a muchas presiones. Las condiciones son atractivas a la hora de ingresar en una lista o plataforma electoral, pero resultan incómodas e insoportables al momento de ejercer el cargo para las que fueron electas. Por ello, las presiones para que renuncien, cedan sus espacios a suplentes o para callarles la boca cuando su participación o protagonismo excede de lo políticamente correcto o aceptable.

Aunque cada vez es mayor en número, la participación política de la mujer está cada vez más sujeta a la violencia y el acoso: no solamente tienen que luchar para ingresar en el mundo de la política y la función pública, sino para mantenerse en él. La Ley 243 a la fecha, no ha cumplido su misión de sancionar a quienes ejercen la violencia o el acoso con las autoridades y dirigentes mujeres. Cada mes se registran cuatro o cinco denuncias de acoso o violencia política en el país que refleja una expresión de intolerancia y discriminación contra las mujeres.

*Ingeniero