Bachelet propone una nueva Constitución cinco dÃas antes de acabar su mandato
07 mar 2018
Fuente: Santiago de Chile, 6 (EFE)
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La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó hoy (ayer) un proyecto de ley para sustituir la Carta Magna actual, que fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, uno de sus principales compromisos electorales y que llega a cinco dÃas de que finalice su mandato.
El futuro de la propuesta constitucional de Bachelet, sin embargo, es una incógnita puesto que la discusión del proyecto estará a cargo del Parlamento elegido en las elecciones de noviembre pasado, que asume sus funciones el próximo 11 de marzo. Ningún bloque polÃtico tiene mayorÃa suficiente para aprobar leyes por sà solo en el nuevo Congreso, y los parlamentarios conservadores ya han avisado de que no respaldarán el proyecto de la mandataria, que el próximo domingo le entregará la Presidencia al derechista Sebastián Piñera.
La reforma constitucional impulsada por Bachelet pretende sustituir la Carta Magna actual, que fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en 1980 y ha tenido algunos ajustes en democracia, concretamente durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
La nueva Constitución, explicó hoy (ayer) Bachelet, "se funda en los derechos fundamentales de las personas", perfeccionando los existentes y agregando otros nuevos que "dan cuenta de los cambios polÃticos, sociales y culturales que hemos experimentado en los últimos años".
"Es el fruto de la reflexión que hemos hecho como comunidad", señaló la presidenta, quien subrayó que "no se trata de partir de cero", sino que el proyecto "respeta nuestra tradición constitucional".
La reforma reconoce a los pueblos indÃgenas como parte fundamental del "orden constitucional", les entrega el derecho a tener representación en el Congreso y reconoce sus derechos culturales y lingüÃsticos.
La propuesta suprime los altos quórum para la aprobación de algunas leyes, dejando solamente la mayorÃa simple y la mayorÃa absoluta, con la excepción de las modificaciones a la propia Constitución, que necesitarán el voto de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio.
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