El 21 de febrero y el más allá

Bolivia está viviendo una etapa muy sensible y conflictiva de su vida institucional. Después de casi 21 años de regímenes anclados en la filosofía llamada neoliberal, donde se rifó al país por poca plata, llegó el tiempo del neopopulismo con rasgos claramente autoritarios, donde la voluntad de la turba supera a la racionalidad ciudadana, nos encontramos con una respuesta fundamentalmente de la clase media, en una suerte de rebelión que estremece los cimientos de un modelo excluyente y racista, el que ha pretendido, sin lograrlo, destruir la nacionalidad boliviana. El prorroguismo, o sea la posibilidad de que Evo Morales Ayma pueda seguir postulando a la presidencia, gane o pierda, por siempre, se ha convertido en una trágica faceta de los supuestos revolucionarios.

Los ejemplos de construcción socialista autoritaria, derrotados en su esencia en otros países, donde se procuró generar dinastías ajenas a las ideas del comunismo, nos demuestran que las ideas en las que se apoyan están destinadas al fracaso no tanto material, sino filosófico y político. Y debería ser suficiente para terminar de embarrar las geniales tradiciones libertarias de Marx, �?ngels y Lenin. No obstante, en el sentido de la naturaleza humana, siempre surgen seguidores del totalitarismo en todas sus variantes, hoy son el Presidente y sus muchachas y muchachos. En política todo se puede hacer en un tiempo determinado, pero hay que pagar un costo, ahora o en la otra vida. No se debe sembrar odios para cosechar tempestades.

El 21 de febrero de 2016 la población boliviana, con mayoría absoluta, se pronunció por la no reelección del actual Presidente por otro periodo constitucional en un referéndum vinculante, ahora desconocido por un Tribunal Constitucional ya fenecido en su mandato, en un hecho antidemocrático que apeló a una norma supranacional reflejada en el Pacto de San José (Costa Rica) por el que se defienden los derechos humanos de las personas vulnerables a los abusos de la sociedad y del poder y no de autoridades que gozan de todo tipo de privilegios. El derecho general prima sobre el de una persona con poder.

El actual Presidente boliviano se comprometió formalmente a respetar los resultados del evento democrático del 2016. Ahora se niega a refrendar su palabra, argumentando nimiamente que los votantes fueron inducidos por el escándalo de su ex pareja. Quiere seguir en su cargo "hasta que las velas no ardan", a pesar del rechazo mayoritario de la población que prefiere la renovación de acuerdo a sus tradiciones sumergidas en el pasado. La historia demuestra que no es bueno, ni sano, que alguien esté mucho tiempo en un cargo político, que no técnico. Ahora, dos años después, en una masiva marcha y concentración, la gente se pronunció por el respeto a resultados democráticos. El MAS se opuso con otra movilización, también, masiva, aunque con distintas motivaciones, lo que demuestra una polaridad muy peligrosa políticamente.

El país está dividido. Si hubiera hegemonía, que no es legitimidad de un sector, no habría mayor problema ya que el poder podría imponerse de manera legítima. Pero, en situación de empate político la cosa cambia. Se corre el riesgo de una confrontación si el régimen no opta por renunciar a una reelección autoritaria con fuertes rasgos totalitarios y da un paso atrás a fin de permitir que otras personas postulen, sean del MAS o contrarias. Sería lo más sano. Por otro lado, la oposición debe dejar de jugar a "las zancadillas" y presentar un candidato único para salvar a Bolivia del totalitarismo que puede durar décadas. Sino, la rebelión de la clase media puede llegar a consecuencias muy serias, es obvio lo que podría pasar.