La asfixia financiera de medios

Días atrás, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se desarrolló una importantísima "audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina", como parte del periodo 167 de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que asistió en representación de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), el presidente de esta organización, Marcelo Miralles Iporre, actual gerente general del matutino LA PATRIA.

El evento sirvió para conocer una expresa y valiente denuncia sobre lo que está sucediendo en el ámbito nacional en materia del desempeño de los medios privados de comunicación, propiamente asfixiados financieramente por una serie de medidas vigentes y que han sido instrumentadas desde el nivel gubernamental.

La alerta de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, causó preocupación en otras instituciones que participaron en el evento, el caso de los representantes de Fundamedios de Ecuador, el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú, similar entidad de Venezuela y otras que integran el bloque Voces del Sur se interiorizaron de una realidad que se presenta en Bolivia y que amenaza con el cierre paulatino de muchos medios de comunicación privados, excluidos de las posibilidades de sobrevivencia con un elemental servicio de propaganda distribuido equitativamente con fondos del Estado, para todos los medios, lo que no se cumple desde que el Mandatario boliviano fue claro al señalar en más de un discurso que "la prensa es el enemigo número uno de su gobierno" y califica a medios y periodistas como "terroristas mediáticos".

La ANP, recordó que en mayo de 2017 el Presidente del país justificó su política contra el sector afirmando que "medios que no reciben publicidad del Estado, son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades". Con ese argumento se restringe la propaganda estatal en la mayoría de medios, periódicos, canales de TV y radioemisoras que no cumplen con las exigencias de alinearse con la información oficial y además difundir de manera gratuita campañas oficiales, generando enormes costos para "sus debilitadas finanzas".

La situación actual es realmente compleja y por las consecuencias de una política especial desde el nivel gubernamental, se prevé el cierre paulatino de varios medios pequeños y medianos, que no podrán sobrevivir a sus propias necesidades de sostenimiento y menos a las exigencias que como complemento se aplican con medidas tributarias y otras presiones contra los medios privados independientes.

Uno de los últimos casos sobre restricciones de trabajo, denunció el director del canal Católica TV, que anunció oficialmente el retiro de 23 funcionarios y la restricción de su programación ante la "asfixia económica" que se cumple desde el nivel oficial. Como éste, otros medios pueden correr la misma suerte. El asunto es de conocimiento internacional y con seguridad que producirá una defensa de las libertades de expresión y de prensa, en una instancia democrática y de respeto a los derechos humanos.

Fuente: LA PATRIA