La audiencia que puso cierre al 167 periodo de sesiones trató el indulto de Fujimori y en ella la comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, dijo entender que las vÃctimas del expresidente peruano perciban su indulto como "una bofetada" propinada por el Estado.
En la intervención con que concluyó, May Macaulay recordó que el "primer deber" de la CIDH "es con las vÃctimas", que en esta ocasión sienten "claramente" que el indulto "es una bofetada".
Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
Sin embargo, el exmandatario fue indultado el pasado 24 de diciembre por Kuczynski por padecer graves enfermedades.
Esa ley, que actualmente está siendo estudiada por la Corte Suprema, formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
"La preocupación que muestro con la ley de seguridad interior es la misma que extendió la comisión el pasado 4 de diciembre. De un lado es legÃtimo y necesario fortalecer la garantÃa de derecho a la seguridad, pero sin comprometer ni debilitar derechos ni libertades individuales", aseguró la comisionada Flavia Piovesan durante la audiencia.
La integrante de la CIDH recordó que "la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad" a la policial, por lo que considera que los militares no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada "para el desarrollo de este rol de seguridad".
Sin embargo y pese al probado empeoramiento de la situación, aseguró que la ley de seguridad "invierte el mando civil sobre el militar", mientras que no hay "evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia".
Por parte del Estado mexicano tomó la palabra el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, quien aseveró que "existe una serie de polÃticas" de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles y PolicÃa Federal "para imbuir las normas de uso debido y proporcionado de la fuerza".
Poco antes, trataron los avances del caso Ayotzinapa, para conocer detalles de la investigación acerca de los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014.
En esa audiencia tomó la palabra el fiscal responsable del caso, Alfredo Higuera, quien dijo que en las últimas semanas ha recibido pruebas que aclaran las razones del crimen, si bien dijo que no puede hacerlas públicas todavÃa.
"En las últimas semanas a la investigación fue a llegar información que consideramos por demás importante en la medida en que es posible para esclarecer aspectos fundamentales del caso", aseguró.
En este sentido, Higuera comentó que uno de los aspectos es "tener por identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes".
Fuente: Bogotá, (EFE)
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