Acciones irracionales del Gobierno contra el pueblo
03 mar 2018
Ricardo Mamani Ortega
El gobierno del MAS es de los peores. Actúa irracionalmente porque donde hay soberbia, represión, violencia, o persecución no hay libertad ni democracia. Bolivia necesita un gobierno de los mejores, que actúe racionalmente, donde debe haber libertad y democracia. ¿Cómo el gobierno actuó irracionalmente en nueve problemas, en los que no tuvo capacidad, ni racionalidad para solucionar?
1. En abril y mayo de 2010, los pobladores de Caranavi se movilizaron ante el incumplimiento de la promesa electoral del Presidente Morales: instalar una planta industrializadora de cítricos. Se inició el bloqueo de caminos encabezado por las organizaciones: Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi FAPCA, mujeres de Carrasco, Taypiplaya y otras colonias. La respuesta del gobierno fue represión policial y dos jóvenes estudiantes fallecidos.
2. En diciembre de 2010, el gobierno del MAS y el presidente interino Álvaro García sorprendieron al país con el Decreto Supremo 748, de aumento del precio de los combustibles; gasolina de Bs. 3,74 a 6,47 (72%) y diésel de Bs. 3,72 a 6,80 (82%). García lo justificó por la subvención y por precios que causaban contrabando. La consecuencia de ese "Gasolinazo navideño" fue que la ciudadanía salió a protestar en las calles porque "todo iba subir". Hubo enfrentamientos con la policía y se quemó del Peaje de la Autopista El Alto-La Paz. Faltando dos horas para el año nuevo 2011, Morales abrogó el mencionado Decreto.
3. En agosto de 2011, los indígenas del oriente marcharon para defender el Parque Nacional Isiboro Sécure y rechazar la construcción de la carretera, decidida por el gobierno sin consulta previa a los indígenas que viven en ese territorio. La fuerte represión policial a los marchistas en Chaparina nunca fue explicada racionalmente. Los marchistas llegaron a La Paz pero no hubo diálogo, sí represión.
4. En julio de 2015, el Comité Cívico Potosinista, Comcipo demandó obras (Hospitales de 3er nivel, fábricas de: cemento en Coroma, de cal, de vidrio; creación de la Zona Franca Uyuni, construir el camino Uyuni-Hito 60, Aeropuerto Internacional en Pampas de Lequezana, reivindicar la soberanía de las aguas del Silala, y otros). Una protesta cerca de plaza Murillo acabó con represión.
5. En junio de 2016 las personas con discapacidad marcharon por las carreteras y pidieron diálogo con el Presidente Morales por un bono mensual de Bs. 500. Instalaron vigilias a metros de Palacio Quemado, cuyos accesos fueron cerrados, y enmallados. No hubo diálogo, y sí represión policial.
6. En agosto de 2016, los cooperativistas mineros bloquearon las carreteras de tres departamentos: La Paz, Oruro y Potosí. Pedían la atención de 10 puntos (Rechazo a modificar la Ley de Cooperativas, reforma del Código Minero, creación del Ministerio de Cooperativas, autorización para asociarse con empresas privadas, etc.). No hubo diálogo pero un fuerte enfrentamiento ocasionó la muerte de mineros y el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.
7. En febrero, agosto y septiembre de 2017, vecinos de Achacachi bloquearon el camino a Copacabana: pedían la renuncia del alcalde Edgar Ramos Laura por supuesta corrupción y exigían liberar a sus tres dirigentes encarcelados por este conflicto. No hubo diálogo, pero sí quema de casas, vehículos y acciones vandálicas que terminó con persecución política y judicial, y cárcel para los dirigentes.
8. En noviembre de 2017, estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto UPEA marcharon para exigir al gobierno asignación de mayor presupuesto para concluir la gestión 2017, y modificar la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para lograr un trato equitativo, respecto a la población estudiantil de la UMSA y la UPEA. La represión fue la respuesta.
9. Desde noviembre 2017, los médicos pedían al gobierno modificar el artículo 205 del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, referido a daños en la salud por mala práctica profesional. Al no ser escuchados, salieron a las calles y a ello se sumaron estudiantes de medicina, colectivos ciudadanos, comités cívicos, organizaciones sociales contestatarias, y hasta una huelga de legisladores para pedir la abrogación de la Ley aprobada en medio de violencia. Como siempre, el gobierno respondió con represión y falsas acusaciones. El 25 de enero de 2018, el Presidente Morales tuvo que abrogar la Ley Nº 1005, en medio de griteríos en el Parlamento.
(*) Es sociólogo de la Universidad Pública de El Alto UPEA
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