La iniciativa del Primer Mandatario de recompensar con 150.000 bolivianos a las personas que brinden "información útil", en el caso de las dos explosiones que se produjeron en Oruro el 10 y el 13 del mes pasado, no ha dado ningún resultado positivo al confirmar el Ministro de Gobierno, que no existió ninguna respuesta ciudadana, por lo tanto el complejo caso sigue sin avanzar.
Hay una serie de factores adversos, por ejemplo, determinar claramente la identidad de 192 personas que la policía las cataloga como testigos y que a través de videos y cámaras de seguridad habrían sido observadas en su tránsito muy próximo al lugar de los hechos y que podrían dar detalles sobre lo que observaron. De ese número de "supuestos testigos", según la autoridad ministerial, sólo 12 pudieron ser convocados, el resto de 180 es muy difícil ubicarlos y exigirles que atestigüen en un caso sumamente comprometedor.
Por lo que se sabe, las tareas realizadas, incluyendo algún grupo de élite del organismo policial, no han dado resultados, debido a que la "información primaria" ha sido muy débil en el lugar de los hechos. Eso significaría que hubo demora en la presencia de efectivos policiales para establecer ciertas condiciones que faciliten las investigaciones, además que inicialmente se manejaron algunos elementos equivocados, como la explosión de una garrafa, lo que no sucedió y la falta de seguimiento a una pareja, que aparentemente manejó explosivos y que mencionaron su responsabilidad en el caso, pero que no fue ubicada, pese a que existía la seguridad de que resultaron heridos en el primer hecho.
La segunda explosión a menos de una cuadra de la primera y a sólo tres días de la anterior deja menos indicios, excepto el hecho seguro de que se trató de una carga de dinamita, sin que se pueda hasta el presente determinar su uso y las condiciones en que se produjo la detonación que también causó víctimas.
Hay varias hipótesis sobre las explosiones y aunque algunos familiares de las víctimas se presentaron voluntariamente, no se logró establecer responsabilidad que los involucre directamente. En el curso de las investigaciones se estima que existiría una reyerta familiar y de interés económico que de una advertencia pasó a una tragedia. El caso de las explosiones en la ciudad de Oruro y que por extrañas coincidencias se producen en días de Carnaval, ha causado un serio malestar ciudadano, a lo que se suma hasta el presente un factor de incertidumbre debido al tiempo de investigación y la falta de elementos concretos para su esclarecimiento.
Es un caso realmente intrincado, como lo reconocen los investigadores, pero no puede quedar sin esclarecimiento, se trata de la pérdida de varias vidas, de lesiones muy serias a muchas personas, de daños inestimables a familias y de perjuicios a terceras personas, vecinas del sector y otras que sin ninguna relación a los hechos han estado sufriendo interferencias en sus labores cotidianas.
Las autoridades han pedido más tiempo para continuar sus investigaciones y han señalado que profundizarán en ciertos aspectos que merecen cuidado en su manejo para no entorpecer el proceso de seguimiento a posibles involucrados en un asunto que mantiene en vilo a la comunidad orureña, que quiérase o no se siente insegura en las calles, cuando no se encuentran culpables de los hechos. De momento lo que está claro es que la recompensa no atrae a nadie.
Fuente: LA PATRIA
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