El alto tribunal celebró hoy (ayer) una audiencia de una hora para evaluar el caso, cuya sentencia no se conocerá hasta junio.
Los jueces se mostraron divididos sobre cómo resolver la batalla que enfrenta a Microsoft y al Gobierno estadounidense, quien quiere que las compañÃas tecnológicas establecidas en EE.UU. le permitan acceder a correos electrónicos almacenados en servidores en otros paÃses.
Dos de los nueve jueces, John Roberts y Samuel Alito, ambos conservadores, se mostraron a favor de la posición del Gobierno de Trump, mientras que los progresistas Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor cuestionaron la necesidad de que el Tribunal Supremo intervenga.
Durante la audiencia, el abogado que representa a Microsoft, Joshua Rosenkranz, defendió que la compañÃa "legÃtimamente" se negó en 2013 a entregar a fiscales de EE.UU. unos correos electrónicos ligados a un caso de narcotráfico y que estaban almacenados en un servidor en DublÃn (Irlanda).
La empresa rechazó proporcionar esos correos al considerar que eso implicaba la incautación de documentos internacionales y que, de producirse, otros Gobiernos del mundo, como Rusia o Irán, podrÃan forzar a empresas tecnológicas de EE.UU. a transferirles información almacenada en territorio estadounidense.
Además, el abogado de Microsoft aseguró que, si transfiriera los datos a EE.UU., la Unión Europea (UE) podrÃa imponerle multas multimillonarias debido a las leyes de protección de datos y, además, incidió en que Estados Unidos debe acudir a tratados internacionales para pedir los datos que almacena en otros paÃses, como Irlanda.
Frente a ello, el Gobierno de Estados Unidos, apoyado por una coalición con 33 de los 50 estados del paÃs, defendió que el acceso a la información en el extranjero es vital para investigaciones criminales, incluidas aquellas que implican abusos sexuales a menores y asesinatos.
"No hay un problema internacional, eso es un espejismo que Microsoft está tratando de crear", afirmó el abogado del Gobierno, Michael R. Dreeben, quien aseguró que la compañÃa ya "ha interferido" en las relaciones de EE.UU. con otros paÃses y ha creado "grandes obstáculos" para la policÃa.
Además, más de 30 actores nacionales e internacionales se han posicionado en el caso. Por ejemplo, Irlanda presentó un escrito en el que rechaza apoyar a una de las dos partes, pero avisa a EE.UU. de que existen vÃas de cooperación entre naciones para reclamar cualquier documentación en una investigación criminal.
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