El trabajo esclavo persiste en Brasil y amplía sus tentáculos por la política

"Es declarada extinta desde la fecha de esta ley la esclavitud en Brasil", corría el 13 de mayo de 1888 cuando la princesa Isabel I de Bragança acabó sobre el papel con el yugo que oprimía a miles de trabajadores, una lacra que aún hoy continúa viva y hasta financia las campañas de algunos políticos.

La llamada Ley Áurea completará en mayo 130 años desde que puso fin al modelo antiguo de esclavitud, aquel en el que se comercializaba con las personas como una mercancía más, incluso con anuncios en los periódicos, y permitía la llegada de navíos negreros procedentes de África.

La esclavitud recibe hoy otro nombre, el de "trabajo en condiciones análogas a la esclavitud", un calificativo diferente para prácticas parecidas y que Brasil continúa combatiendo a pesar de los intentos del gobierno actual por debilitar su lucha, según denuncian sectores de la Fiscalía y movimientos sociales.

Entre 2007 y 2017, las autoridades rescataron en el país suramericano a más de 27.500 trabajadores en esa situación, según datos del Observatorio Digital del Trabajo Esclavo.

La mayoría de los rescates se concentraron en los dos últimos años en los Estados de Minas Gerais, Pará y Sao Paulo, donde muchos de los casos se dieron en la industria textil.

Igualmente, todavía es "muy común", dice Dias de Carvalho, encontrar trabajadores esclavizados en zonas rurales donde es más difícil fiscalizar y perseguir ese delito.

"En la agricultura hay situaciones en que la jornada se prolonga hasta las 14-18 horas", ejemplifica a Efe Luciana Barcellos, presidenta de la Comisión de Erradicación del Trabajo Análogo a la Esclavitud de la Orden de Abogados de Brasil.

Los casos de hoy son reminiscencia de la propia historia, que dejó a Brasil como el último país de América en abolir la esclavitud y además quemó literalmente su memoria.

"Con miedo de pedidos de indemnización por parte de los propietarios de esclavos, simplemente se mandó destruir todos los documentos relativos a la esclavitud, todos los títulos de pose fueron destruidos. Borramos nuestra memoria", relata Dias de Carvalho.

Con el paso del tiempo, Brasil desarrolló una legislación que es "referente internacional", afirma Barcellos, a pesar de que "a la hora de ser aplicada, no es muy eficiente".

También se divulga una lista con los empresarios que han sometido a sus trabajadores a condiciones esclavas y a partir de la cual se ha podido observar la influencia de estos en la política brasileña vía financiación de campañas.

En las elecciones de 2014, 51 de los 513 diputados federales elegidos recibieron 3,5 millones de reales (Poco más de un millón de dólares) de compañías que están o estuvieron presentes en el registro de los empleadores denunciados por ese delito, según publicó el portal "Repórter Brasil" con base en el "Ruralómetro".

"La bancada rural y el agro negocio tienen influencia y acaban por tener una representatividad muy grande en el Congreso Nacional", expone Días de Carvalho.

Tanto él como Barcellos coinciden en que desde hace algunos años se viene reduciendo tanto el presupuesto como el número de fiscalizadores que combaten esta lacra.

"En los dos últimos años la partida presupuestaria para el combate al trabajo esclavo solo se reduce y por tanto, las operaciones disminuyen", denuncia el fiscal.

Las estadísticas corroboran sus palabras: de acuerdo con los últimos datos oficiales correspondientes a 2015, el Ministerio de Trabajo registró 1.010 casos de este tipo, un 36,4 % menos respecto a los detectados en 2014.

Dias de Carvalho recuerda que en enero pasado ese ministerio tuvo que cancelar una operación de fiscalización -que suele costar entre 70.000 y 90.000 reales (21.500 y 27.700 dólares)- "porque no consiguieron pagar el pasaje aéreo para los auditores".

Los recortes se complementaron el año pasado con una polémica normativa en la que el gobierno del presidente Michel Temer limitó la acción de los fiscales y excluyó las jornadas exhaustivas, intimidaciones y condiciones degradantes de las prácticas consideradas trabajo esclavo.

También determinó que la "lista sucia" solo sería publicada bajo una "determinación expresa" del ministro de turno.

La medida fue suspendida por la Corte Suprema, lo que obligó al Ejecutivo a presentar otra con los parámetros anteriores.

"No se puede negar que ha habido muchos avances, aunque aún queda mucho por hacer, no hay duda. La lucha continúa", manifiesta Barcellos.

"La palabra que tenemos como lema aquí en la Fiscalía es resistencia", apuntala Dias de Carvalho.

Fuente: Sao Paulo, 25 (EFE)