Viernes 23 de febrero de 2018
ver hoy
Pasan los años, los meses pasan, la "uva pasa", decÃan en mi pueblo cuando se esperaba la conclusión de una tarea, obra o trámite, que duraba más allá de lo esperado. Asà ocurre con las expectativas que los bolivianos tenemos sobre el desarrollo del paÃs en esta década de un gobierno que como dice el dicho, "mucho abarca pero poco aprieta". Hemos dejado atrás una década y seguimos esperando el cambio prometido con bombos y platillos, que aparece solo en la apabullante propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación disponibles y que contrasta con una realidad que sigue tan dura como siempre y que solo en el mundo virtual se asemeja a la retórica de "logros" de la administración actual.
Quiero referirme a un tema recurrente en esta columna como es la informalidad; a nadie escapa que en nuestra economÃa no solo se la mira de reojo sino que indirectamente se alientan actividades informales como contrabando, legalización de autos "chutos", comercio callejero, toma de predios urbanos, avasallamientos de minas y en general a la minerÃa informal. Esta última ya tiene carta de ciudadanÃa y significa más del tercio del movimiento económico total del sector minero y van por más. En la gestión que empieza los operadores mineros y titulares de derechos mineros deben ajustarse a la Ley 535 de MinerÃa y Metalurgia y migrar a Contratos Administrativos y de Asociación con el Estado(Arts. 370 y siguientes de la CPE, Arts. 131 y siguientes de Ley 535), lo que significa que en pocos meses ya no regirán "Derechos Mineros" en el sentido estricto de propiedad y/o concesión para explorar, explotar, beneficiar o comercializar un área minera como se hacÃa antes y solo habrán contratos(sensu lato) con el Estado. Suena bonito, pero operadores del subsector informal (cooperativistas, mineros artesanales, garimpeiros, comercializadores e intermediarios, revendedores de maquinaria, etc.) que al parecer tienen un servicio de inteligencia más operativo que aquel de la minera estatal o del ministerio del ramo, se han dado a la tarea de entrar al juego que propone la Ley y están adecuando viejas concesiones de operadores privados que agobiados por la dura legislación actual las desactivan. También están solicitando contratos o licencias para explorar y explotaren áreas libres y/o en algunas de las áreas de uso exclusivo de Comibol (D.S. 1369) con mineralización de oro, plata y otros metales de alto valor (Columbita, tantalita, indio, galio, etc.).Esto ha llevado a que las cooperativas mineras que en 2008 eran 911 en 2017 sean 1.816 según datos oficiales; se han duplicado en número en menos de una década y si consideramos operadores mineros artesanales ilegales, en muy poco tiempo el sector minero nacional será esencialmente informal.
