Es necesario establecer los elementos jurÃdicos que llevan a la conclusión más importante que debe convertirse en una legÃtima reivindicación democrática de nuestra sociedad. El TCP vulneró la ley el 28N por las siguientes razones: primero, porque no tiene atribución alguna para modificar la Constitución (CPE); al declarar la inaplicabilidad de cuatro de sus artÃculos, lo hizo. Segundo, el TCP no puede desconocer con un fallo la voluntad inalienable del pueblo boliviano, el único con atribuciones para modificar parcial o totalmente la CPE; a sabiendas, desconoció esa voluntad. Tercero, el TCP "interpretó" arbitrariamente el artÃculo 23 de la Convención Americana de DD.HH., invirtiendo los bienes defendidos; la defensa del ciudadano ante las arbitrariedades del Estado, se transformó en la justificación de los afanes de control indefinido del poder de quien lo ejerce, por encima del mandato constitucional que limita su poder arbitrario votado por el pueblo en Referendo en 2009.
Pero no fue solamente este tema, los siete abogados a cargo del TCP agravaron sus acciones ¿Cómo se prueba esta afirmación?, por la ejecución de otras irregularidades: El 25 de septiembre de 2017 la sentencia del TCP referida al caso Focas, incluyó la cita de un párrafo del fallo que habilitó a Morales el 28N, es decir ¡dos meses y tres dÃas antes, el TCP ya tenÃa el fallo redactado! Aún peor, la admisión de la solicitud que hicieron parlamentarios del MAS que pedÃan al TCP habilitar al Presidente para las próximas elecciones, se hizo el 28 de septiembre de 2017, es decir que ¡el TCP ya habÃa redactado el fallo favorable a Morales tres dÃas antes de admitir para su consideración la petición del MAS!
Todos estos son elementos más que suficientes para que el Tribunal Constitucional vigente diga su palabra. Esa palabra, por las razones anotadas, no puede ser otra que la anulación del fallo del 28N.
Lo que está en juego no es, como pretenden los poderosos, una confrontación ideológica entre revolucionarios y reaccionarios, entre el socialismo y el capitalismo, entre los gobernantes que encarnan un "proceso de cambio" y la oposición "derechista y proimperialista". Lo que está en juego es el respeto al valor más sagrado de los ciudadanos, el respeto a su voluntad soberana, de la que no puede apropiarse nadie, por ninguna razón y bajo ningún argumento.
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