Alza de tarifas de transporte

El anuncio del alza de las tarifas de transporte motiva preocupación en la ciudadanía y las autoridades prefieren ignorar esa posibilidad, asumiendo un silencio cómplice, que perjudicará la economía de los asalariados y tendrá mayor impacto en los desocupados, quienes ya tienen grandes dificultades para subsistir.

Los transportistas argumentan que un estudio realizado con ayuda de la Corporación Andina de Fomento, “justifica el incremento de los precios del transporte”, sin explicar que más recomienda el referido estudio, porque resultaría incompleto si sólo analiza el valor de los pasajes, sin tomar en cuenta la calidad de los servicios.

Un estudio integral de las tarifas de transportes debe tomar en cuenta primero la calidad del servicio, tipo de automotores que utilizan, seguridad en el transporte, nivel de responsabilidad profesional de los conductores y las distancias o rutas que cubren para satisfacer la demanda de los usuarios o pasajeros.

En nuestra capital los servicios del “tranvía” por denominar así a los minibuses que circulan en fila y son del servicio de cooperativas y del sector de colectiveros, micros y minibuses en servicio urbano, no ofrecen ninguna seguridad ni garantía, puesto que la mayoría de los choferes no respetan las normas de tráfico y vialidad, son mal educados, prepotentes y autoritarios, circulan por el medio de la calzada, se estacionan donde quieren, recogen y dejan pasajeros en plena vía, obstruyen la circulación de otros vehículos, los automotores muestran total falta de aseo y no tienen paradas fijas donde los usuarios puedan esperar el servicio.

Ignoran las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito y su Reglamento -de obligatorio cumplimiento para los conductores profesionales- situación que es alentada por las organizaciones gremiales de los transportistas que delegan a su secretario de conflictos la solución de los problemas, que van desde infracciones, contravenciones y hasta faltas graves, que se “arreglan con intervención sindical”. A eso se suma la ausencia de principio de autoridad de las autoridades del Organismo Operativo de Tránsito, por el tan comentado y hasta reconocido apoyo económico que brindan las organizaciones de los servicios de transporte a la institución policial, dineros que recaudan con el pago de las hojas de circulación que otorgan las cooperativas de transporte a sus asociados.

En resumen el transporte público en la ciudad de Oruro es caótico y anarquizante, cada quien maneja como le place y durante los últimos días los conductores de minibuses cambian las rutas a su sabor y capricho, para cobrar el doble del valor de los pasajes, aplicando de facto un servicio con tarifa por tramos, sin que ninguna autoridad, sea policial o municipal haga nada por evitar ese abuso que se comete contra la economía popular.

Las autoridades del Concejo Municipal tienen la obligación de exigir el cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes que establecen las rutas y los servicios que deben brindar los minibuses, micros, colectivos y hasta los automóviles de alquiler que se conocen como “taxis”. La participación del presidente y del vicepresidente del Concejo será importante, porque ambos son transportistas y tienen la obligación de asumir defensa de los derechos ciudadanos para evitar que se aplique la anunciada alza de las tarifas de transporte, porque ahora deben defender a la población, así tengan que ponerse contra su sector, porque cobran y reciben un emolumento producto de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Lo contrario significará traicionar a los orureños.

Así también el control de la calidad de los servicios interdepartamentales debe ser permanente, porque luego de los accidentes que se registran en carretera y dejan saldos trágicos de muertos y heridos, recién las autoridades policiales anuncian una serie de medidas que aplican en forma temporal y luego son simples anuncios que nadie respeta y peor aún los transportistas que continúan sembrando pánico y terror en las rutas al interior del país.

Los servicios de transporte interdepartamental están obligados a utilizar la terminal de buses para embarcar y dejar pasajeros, puesto que el pago de la tarifa comprende el transporte de terminal a terminal y no se puede mantener el recojo de pasajeros en plena vía como ocurre en la avenida Villarroel y sitios aledaños, por eludir el pago del uso terminal. Tampoco se puede llenar a mano y con bolígrafo las listas de pasajeros, que constituye un documento incluso para reclamar el pago del seguro en caso de accidentes, puesto que muchas veces no se puede leer la letra del inexperto boletero que escribe cuando el ómnibus está en movimiento y registra el nombre o apellido que le parece o cree haber escuchado. Ojalá la designación del nuevo comandante departamental de policía permita poner un alto a esos abusos y atropellos de los transportistas urbanos y de servicio interdepartamental, imprimiendo una mística de vocación y servicio que debe primar en los mandos policiales y los efectivos de la institución del Verde Olivo que tiene asignada esa misión para dar protección y hacer respetar los derechos de la ciudadanía.

(*) Periodista