La lucidez de la Participación Popular (PP), diseñada y ejecutada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada como el proceso de autonomÃas más innovador de nuestra historia, marcó un mapa de la descentralización que condicionó la construcción del proceso autonómico departamental. Más allá de lo polÃtico, que sin duda fue crucial, el gran desafÃo no resuelto hasta hoy tenÃa que ver con las competencias económicas de cada Departamento, referidas a la esencia de la toma autónoma de decisiones que permita la planificación y la gestión en favor de la gente.
En lo polÃtico, el proceso arrancó con nuestra decisión de convocar a elecciones directas de prefectos que se ejecutó en las elecciones generales de 2005 y se hizo realidad con los Referendos de 2006, 2009 y la nueva Constitución. En lo económico, el Referendo de Hidrocarburos de 2004 dio lugar al incremento de impuestos sobre estos productos y la redacción de una nueva Ley que se aprobó en 2005. La citada norma creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que, en principio, fue uno de los pilares más importantes de alimentación de los ingresos departamentales.
La realidad hoy dÃa es que el IDH corre el riesgo de convertirse en un factor irrelevante como eje de articulación de los ingresos departamentales por tres razones: La primera, por la caÃda de los precios internacionales que ha provocado ya un desmoronamiento del espejismo del periodo 2010-2014. La segunda, porque incrementa, no reduce, la injusta distribución demográfica que provocan las regalÃas. La tercera, porque la Renta Dignidad vive en gran medida del IDH que les come a las gobernaciones el 30% de sus ingresos por ese impuesto. En este punto vale la pena recordar que lo único que nacionalizó el DS de 1º de mayo de 2006 fue la propiedad de las acciones de las empresas capitalizadas que estaba en manos de los bolivianos en un fideicomiso con el que se pagaba el Bonosol. De ese modo, el bono más caro de los tres que otorga el gobierno de Morales, la Renta Dignidad, es un peso que en buena parte cae sobre las espaldas de las gobernaciones.
La realidad es que el IDH languidece, y está ya muy lejos de resolver el gran entuerto planteado de una modificación del Pacto Fiscal, por el que claman las gobernaciones y que el gobierno central no está dispuesto a cambiar más allá de la retórica vacÃa.
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