En la medida que pasa el tiempo y la necesidad de tener todos los argumentos legales para fortalecer la defensa legal que ya fue planteada sobre la propiedad boliviana de los manantiales del Silala, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), crece la expectativa de investigadores, abogados internacionalistas, historiadores, ex diplomáticos y representantes de municipios y comunidades potosinas aledañas y del entorno del Silala, frente a una posición de silencio e inoperabilidad de nuestra diplomacia, ante a la astucia de Chile en el caso.
Lo que no puede modificarse es que en la CIJ, el próximo 3 de julio, el Estado Boliviano debe presentar una contra memoria por la demanda que Chile interpuso en La Haya sobre las aguas del Silala, aduciendo que las mismas son parte del curso de un río internacional y desconociendo que de manera natural, las aguas del Silala son aguas fósiles que datan de la era cuaternaria y por lo mismo son parte de un manantial también natural que emana el líquido elemento que es trasladado a territorio chileno, por la arbitraria construcción de canales que son claramente demostrables ante cualquier autoridad.
Sin embargo el hecho no es simplemente de "mención", lo importante es que necesita de respaldo histórico, técnico y legal, para mostrar la evidencia de que las aguas del Silala provienen de vertientes en territorio boliviano y de ningún modo transcurren por un inexistente río que no existió en la zona.
Dicen los especialistas que a propósito de ese astuto argumento chileno, nuestra diplomacia debe aprovechar para exponer con ejemplo muy claro, el desvío de las aguas del río Lauca que efectuó Chile, perjudicando a una vasta zona agrícola y ganadera del altiplano boliviano. En ese caso la evidencia es clara, el Lauca es un río de curso internacional, pero desviado arbitrariamente por Chile. Hay que recordar que ese hecho generó el rompimiento de las relaciones con Chile.
Pero volviendo al tema del Silala, hay otros aspectos que también preocupan a las autoridades comunitarias y es que demora mucho un plan poblacional para asentar en esa zona dependencias militares y de aduana, además de estructura educativa y sanitaria, para demostrar la presencia del Estado en defensa de sus recursos naturales.
Se comenzó con un proyecto de utilización de las aguas del Silala, primero con un intento de crear en la zona un factor diversificador de desarrollo, como la crianza de peces, aprovechando el agua dulce, que en otro proyecto industrial serviría también para producir un comercio de "agua natural" envasada con reglas sanitarias para su comercialización nacional. El otro tema era el de construir un embalse especial para que las aguas del Silala sirvan a los fines productivos de agricultores y ganaderos de la región.
Es evidente que existe irresponsabilidad en ciertos niveles del gobierno departamental o posiblemente nacional, sobre el curso de esos proyectos, que aparentemente no fueron respaldados convenientemente, lo que no resta el derecho ciudadano de esa vasta zona para insistir en la continuidad de programas que de veras consoliden la soberanía nacional y ratifiquen el derecho propietario de Bolivia, sobre las vertientes del Silala, aguas que deben servir a las comunidades de la zona y cobradas como corresponde a quienes las usufructúan ilegalmente.
Los expertos bolivianos han observado pasividad del Gobierno, en un caso que merece atención responsable y permanente.
Fuente: LA PATRIA
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