Estamos viviendo una fase importante de cambio en materia de administración pública, especialmente en este segundo periodo del gobierno que en más de cuatro años priorizó una agenda enteramente política y descuidó la parte más importante de movilizar los sistemas productivos para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad.
Mencionamos eso del cambio, como importante proceso actual, dadas todas las características que obligadamente deberán sopesarse en adelante una vez que asumieron funciones las nuevas autoridades en un marco diferente, por lo menos de momento en su nominación y todavía en la estructura de lo que fueron las prefecturas, esto sucederá hasta la real aplicación del nuevo modelo autonómico que indudablemente cambiará el sistema de gobernabilidad local.
Estamos hablando de un proceso que avanza lentamente, pero que está en el orden de los cambios, con una nueva Constitución que en su primer año obligó a una serie de “adaptaciones del modelo” a las nuevas circunstancias, lo que sin lugar a dudas ha generado ciertas controversias que deben solucionarse paulatinamente con la aprobación de medidas reglamentarias, aclaratorias y quien sabe en algunos casos sustitutivas, dadas las condiciones que se han presentado en ciertos niveles de la administración del Estado y su relación con los sectores sociales.
Lo que vendrá de aquí adelante es realmente una incógnita, pues no es tan cierto que las nuevas autoridades, llámense gobernadores y asambleístas, estén plenamente “empapados” de una nueva política de desarrollo regional en la mayoría de los distritos, muchos como el caso nuestro – Oruro – donde ni siquiera se aprobó un proyecto de autonomías debidamente consensuado entre los sectores más representativos del Departamento, consiguientemente las reglas de juego están todavía lejos de su real asimilación y aplicación.
La tarea más compleja, que debe ser encarada seriamente, es la de gobernar pero en el sentido de administrar adecuadamente los recursos públicos para desarrollar programas que la comunidad los sienta como parte de su bienestar y no como instrumento político para sostenerse en el poder.
Pasada la coyuntura política de asegurar instrumentos políticos el pueblo, la comunidad en sí espera que el conjunto gubernamental, desde el ejecutivo hacia las gobernaciones y los municipios, luego la Asamblea Legislativa y los otros organismos legales se dediquen a la definición de políticas públicas que establezcan un conjunto de medidas ya no coyunturales más bien de orden práctico y con respaldo ciudadano, que interpreten las demandas, el anhelo, las ansiedades de una población ya cansada de la politiquería y que ahora quiere ver que las promesas de nutridas campañas electorales se conviertan en hechos concretos para encarar el “desarrollo” de nuestra Nación.
Sin embargo no es todo lo que los bolivianos desean, hay también otros factores que están entrabando un reencuentro de la comunidad boliviana y que persisten gracias a una serie de actos de lesa humanidad que han escapado al control estatal y se convierten en peligroso detonante de una explosiva situación que ojalá sea oportunamente controlada para devolver paz y armonía a la familia boliviana.
Hay nuevas responsabilidades en el Gobierno que el pueblo espera sean asumidas en el sentido de establecer políticas públicas para el desarrollo nacional, interpretadas como parte de la estrategia de bienestar colectivo.
Fuente: LA PATRIA
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