Autoridades judiciales deben orientar debate sobre cuestionado Código Penal

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Las autoridades judiciales deberían orientar el debate público y proyectar el liderazgo del sector judicial en el debate en torno al cuestionado Código del Sistema Penal, aseguró el jurista Ramiro Orías, oficial de programas de la Fundación Para el Debido Proceso.

Dijo que llama la atención "el silencio de los magistrados" y recordó que una de las condiciones de una reforma judicial efectiva "es que tiene que perseguir valores democráticos, fortalecer el estado de derecho y el sistema democrático representativo, cuyo pilar fundamental es la independencia y separación de poderes".

En declaraciones a ANF, sostuvo que "más allá de la legitimidad con que han sido elegidas" las autoridades judiciales, tienen el mandato de transformar la justicia, aunque "hasta ahora no sabemos si tienen un criterio sobre las reformas penales que se debaten a nivel nacional".

En su criterio, además de orientar el debate, los magistrados podrían activar su iniciativa legislativa para contribuir a resolver la crisis generada por el rechazo a la norma penal, "especialmente el Tribunal Supremo de Justicia que tiene facultad para presentar proyectos de código o proponer modificaciones a los códigos".

Orías, que participó como experto en el conversatorio Desafíos de la Reforma de Justicia Penal: una mirada desde los Derechos Humanos, dijo que las autoridades recientemente electas "tienen el mandato de transformar la justicia, si ellos lo asumen y con liderazgo logran fortalecer una justicia independiente será un proceso exitoso, de no hacerlo toda la apuesta que se hizo para mejorar y democratizar la función judicial mediante el voto habrá sido un fracaso".

En su criterio, los cuestionamientos al Código del Sistema Penal se explican porque una reforma penal, además de precautelar derechos y garantías en sus contenidos, "también tiene que ser democrática en cuanto a sus formas y procedimientos, por lo visto no hubo proceso de discusión ni diálogo para una reforma tan profunda que plantea cambiar todo el sistema penal boliviano, no solamente el procedimiento sino la materia sustantiva y la tipificación de los delitos y la ley de ejecución penal".

Como jurista de Fundación Para el Debido Proceso, una organización regional dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina, aseguró que no todo cambio judicial es un avance y que en muchas ocasiones los cambios han derivado en retrocesos.

Dijo que, por ejemplo, la reforma penal impulsada por el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, estaba pensada "para perpetuar al régimen".

Añadió que otras experiencias de reforma judicial que "incluso se las ha mostrado internacionalmente como exitosas porque se han construido edificios, se han creado más juzgados, se han comprado computadoras, se han digitalizado expedientes, al final sólo han derivado en una justicia más sometida al gobernante de turno".

En su opinión, la abrogación sería la salida más fácil para poner fin a la crisis generada por los cuestionamientos al Código del Sistema Penal, "pero políticamente es la más difícil, por lo que una salida podría ser la promulgación de una ley que deje en suspenso el capítulo sustantivo de definición de delitos y se implemente la parte procesal y de ejecución penal, luego con consenso aprobar un código por separado".

Fuente: La Paz, 19 (ANF)