Diálogo y consenso Ramiro

Definir el diálogo social es una tarea que no puede quedar desvinculada del pensamiento acerca del tipo de sociedad sobre la que se está construyendo. Quizás por esta razón son muchas las dificultades con las que se han encontrado los analistas cuando han querido dotar de precisión a un concepto que por su naturaleza se les vuelve escurridizo y, dada su amplitud y frágiles fronteras, muchas veces impreciso.

Esta convivencia pacífica que se vivía a medias en el país, se vio de pronto interrumpida cuando el 15 de diciembre de 2017 el gobierno promulgó el Código del Sistema Penal Boliviano, que ocasionó la reacción de sectores sociales que se inició con los médicos y el sector de transportistas que exigieron la abrogación de los Arts. 205 y 137 del Sistema del Código Penal. El sector médico mantuvo un paro de labores y una huelga de hambre que se prolongó por 47 días, por la derogación de los mismos por el gobierno con el fin de evitar mayores confrontaciones con los sectores sociales. Sin embargo esto no sucedió porque para este tiempo los movimientos sociales ya habían crecido con sectores de transporte pesado, gremiales, universidades, juntas vecinales, religiosos, magisterio, Central Obrera Boliviana (COB), Asamblea Permanente de Derechos Humanos, jubilados, Colegio Nacional de Profesionales, Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y Comités Cívicos, que pasaron a formar el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), de reciente restitución que ahora exigen la abrogación de todo el Código del Sistema penal

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), cuestionó más de una decena de artículos que atentan contra los derechos humanos y ciudadanos fundamentales, garantías constitucionales que estuviesen violando la Constitución Política del Estado y transgreden los valores democráticos vigentes en todo el mundo además porque "deja sin protección a la familia, ya que se anulan los delitos de bigamia y el abandono a la mujer embarazada"; también porque "implementa el delito del reclutamiento con fines religiosos realizado por instancias religiosas" y deroga artículos de la Ley "Marcelo Quiroga Santa Cruz", de la Ley electoral y de la Ley de Medio Ambiente referentes a las ganancias ilícitas, el daño lesivo al Estado, delitos electorales y ambientales. Por otra parte la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Bolivia observaron los artículos 309,310 y 311 porque vulnerarían libertades de la prensa nacional, atentaría a la Ley de imprenta y existirían ambigüedades en los mismos.

Los movimientos sociales van creciendo continuamente en la organización de marchas y paros cívicos en los Departamentos de: La Paz, Cochabamba, San Cruz, Potosí, Tarija, Oruro, Trinidad aglutinaron a ciudadanos de a pie, los que conforme pasa el tiempo se exasperan más. Por otro lado, la policía se encuentra enfrentando continuamente a los sectores en protesta con la utilización de gases y la persecución de manifestantes como lo ocurrido cuando ingresaron a predios de la Iglesia San Francisco donde fueron ultrajados golpeados y detenidos.

Estas manifestaciones, enfrentamientos e intolerancias entre bolivianos no pueden continuar porque tiende a empeorar cada día más, razón por la que es necesario deponer actitudes, posiciones, comportamientos rebeldes y soberbios, porque el malestar en los movimientos de las organizaciones y sectores sociales -que exigen la abrogación del Código del Sistema Penal-crecieron y se encuentran unidos y organizados, por lo que es necesario encontrar una solución que vaya en beneficio de todos los ciudadanos que es el grueso de la población. No se trata de medir fuerzas o alentar enfrentamientos divisiones, odios y racismos, posiciones, ideologías o pensamientos políticos sino al contrario es indispensable buscar el acercamiento y la unidad entre todos los bolivianos para hacer de Bolivia una patria grande, unida y fortalecida.

El diálogo social debe contribuir a una dinámica que asegure plenamente la construcción de la democracia y la ciudadanía. El objetivo no es identificar un problema y aplicar o recomendar la adopción de una norma jurídica forzadamente y sin consenso. Es posible alcanzar consensos básicos democráticos sobre cómo construir una nueva norma jurídica para beneficio, protección y resguardo de la ciudadanía, y generar reglamentos para la aplicación legal del Código del Sistema Penal. Para llegar a este tipo de soluciones es probable que todos los actores tengan que actuar en un sentido positivo, fomentar un clima de confianza mutua y abrirse a la comprensión. Por ejemplo: entender la lógica del surgimiento del problema, en la generación de una inestabilidad social y política para encontrar una solución orientada a crear un clima de estabilidad social para edificar un lazo de confianza entre sectores en conflicto. Comprender que las lógicas y estrategias de los distintos actores se inscriben en contextos diferentes, lo que significa que en la implementación de un cambio jamás puede predominar una única lógica institucional.

La mejor forma para llegar a un entendimiento entre personas e instituciones con diferencias de pensamiento, actuar o políticas de Estado es el diálogo y consenso entre partes. Actitud que no cuesta nada, sólo voluntad de las partes para sentarse a conversar y llegar a un acuerdo. Analizar la función del diálogo en la democracia, nos permite caracterizar brevemente el sistema de reglas procedimientos, valores y principios que la forman. En esta lógica se puede efectuar enmiendas, cambios, supresión y adición de Artículos en la elaboración de un nuevo Código Penal, con la participación de profesionales idóneos del Sistema de la Universidad Boliviana, Colegios de Abogados, médicos, y diversos sectores de la sociedad civil, para posteriormente ingresar en la etapa de socialización y finalmente la promulgación de la Ley.

(*) Es ingeniero