La Ley de Imprenta, que regula el accionar de los periodistas de Bolivia cumple hoy 93 años de vigencia desde su promulgación en 1925; es defendida por los gremios periodísticos porque se considera que pese a su antigüedad el espíritu de la misma encierra gran sabiduría y no sólo concierne a hombres y mujeres de prensa sino también a la ciudadanía en general.
Según un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), esta Ley fue declarada como Patrimonio Jurídico-Legal del periodismo boliviano, al concluir el Encuentro Nacional de Huatajata, en 1998.
"La Ley de Imprenta es el instrumento jurídico bajo el cual los periodistas ejercemos nuestra labor y el más idóneo para juzgar, a través del Tribunal de Imprenta, los supuestos delitos de Calumnia, Injuria y Difamación", señala en partes salientes de la nota.
Asimismo, se resalta el hecho de que la norma está constantemente amenazada por los gobiernos de turno, pero en la actualidad está respaldada por la Constitución Política del Estado, a través de los artículos 21, 106 y 107, que garantizan las libertades de expresión, de opinión y de prensa para todo el pueblo boliviano y por supuesto que también en resguardo de la labor periodística.
La nota recuerda: "Los periodistas bolivianos luchamos desde siempre, por preservar estas libertades como un bien mayor de la democracia porque afirmamos que: "Sin libertad de expresión no hay democracia"".
La frase trae a la memoria la lucha que se hizo a través de los diferentes medios escritos, dirigida por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), cuando se promulgó la Ley 045 de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, porque en cierta manera obliga a la censura previa, la manera de protestar en aquella oportunidad fue mediante las tapas de los diarios que se publicaron totalmente en blanco con la inscripción "sin libertad de expresión no hay democracia".
En otra parte del comunicado de la ANPB se puede leer: "Ahora enfrentamos una nueva lucha porque el nuevo Código del Sistema Penal aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado por el vicepresidente Álvaro García el pasado 15 de diciembre de 2017, contiene varios artículos que amenazan la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas y elimina la Ley de Imprenta".
Los periodistas desde las diferentes asociaciones y entidades que los aglutinan reclamaron que se haga la revisión de todos los artículos que atentan la libertad de prensa, de expresión, y por supuesto a la nonagenaria Ley de Imprenta, porque consideran que es una norma de espíritu sabio y que ha regulado la actividad periodística por más de 90 años, defendiendo sobre todo los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente y a no permitir que se cometan excesos, abusos u otras infracciones que puedan dañar su dignidad e integridad.
Los periodistas, a través de la entidad colegiada a la que se encuentran afiliados, reafirmaron su compromiso con la lucha por preservar la Ley de Imprenta y las libertades de expresión y de prensa, a fin de cumplir con el derecho de la población a estar bien informada y a la vez "garantizar un ejercicio pleno y sin presiones de nuestro trabajo", finaliza la nota.
Fuente: LA PATRIA
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