Gobernar escuchando al soberano

La lógica de trabajo de todo partido o agrupación política -en función de gobierno-, debería ser "Gobernar escuchando al soberano", concibiendo que soberano se entiende al pueblo que son personas que forman parte del Estado, sin distinciones de raza, género, religión, nivel económico o social.

En diferentes tiempos y lugares, líderes y gobernantes han procurado conducir los hilos del poder, cumpliendo sus propias expectativas, satisfaciendo sus deseos personales, imponiendo su propia voluntad. A la par, distintos pueblos han logrado forzar la distribución de partes de poder entre una mayor cantidad de gente, representativa del pueblo para intentar equilibrar la toma de decisiones.

Estos movimientos sociales que se generaron como producto del descontento del soberano ocasionaron agitar, convulsionar, desordenar el país en razón de que no se hizo caso a sus peticiones. Actitudes y corrientes que crecieron conforme transcurrieron los días y semanas creando un desequilibrio y rompiendo el orden social, pacífico y sosegado en que vivía el país.

Si bien el Gobierno -en el propósito de evitar más entredichos y confrontaciones-, resolvió anular los Art. 137 y 205, enviar a un análisis para su posible reforma los Art. 293 y 294, y después de un paro que se prolongó por 47 días se resolvió restablecer la atención en los centros médicos, sin embargo a la fecha estas manifestaciones han ido creciendo y llegan a una veintena entre los que se encuentran transporte pesado gremiales, universidades, juntas vecinales, evangelistas, magisterio, Central Obrera Boliviana (COB), Asamblea Permanente de Derechos Humanos, jubilados, Colegio Nacional de Profesionales y la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) comités cívicos de la mayor parte del país, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), de reciente restitución.

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Aurelio Pesoa, cuestionó más de una decena de artículos que atentan contra los derechos humanos y ciudadanos fundamentales, además indicó que es un "retroceso" en los valores democráticos. Deliberó los artículos: 205, que criminaliza la negligencia y la praxis profesional, 137, que sanciona a los administradores de una empresa de transporte, 209, 293 y 294, que, denuncian, criminaliza el derecho a la protesta. 107 que "despenaliza el microtráfico de droga", 21 y 106 que ponen "en entredicho la libertad de expresión y de pensamiento", 245 y 246 que "introduce un control inaceptable de las redes sociales". 157, referido a la ampliación de las causales del aborto. 88, parágrafo primero, numeral 11 que se refiere al delito de trata relacionado con el reclutamiento de personas para organizaciones religiosas o de culto "cuya ambigüedad manifiesta atenta claramente contra la libertad religiosa". La CEB también deploró el Código Penal porque "deja sin protección a la familia, ya que se anulan los delitos de bigamia y el abandono a la mujer embarazada"; también porque "implementa el delito del reclutamiento con fines religiosos realizado por instancias religiosas" y deroga artículos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Ley electoral y de la Ley de Medio Ambiente referentes a las ganancias ilícitas, el daño lesivo al Estado, delitos electorales y ambientales.

Por otra parte, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia observó los artículos 309, 310 y 311 porque se vulnerarían libertades de la prensa nacional y existiría ambigüedad en los mismos.

Las protestas que buscan la abrogación de la Ley 1005 promulgada el 15 de diciembre de 2017 persisten en varios frentes y regiones del país. La situación argüída no queda ahí, porque en los últimos días se instaló una huelga de hambre, de 16 Legisladores opositores al partido de gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional, asimismo se organizaron paros cívicos en los Departamentos de Cochabamba, Potosí, Tarija. Ayer fue contundente el paro cívico de Chuquisaca y hoy se anuncia otro similar en Santa Cruz. Manifestaciones de orden cívico, juntas vecinales, trabajadores de Salud y trasporte pesado con bloqueos de calles y caminos que se agudizó ayer con el retorno del sector médico al conflicto por la anulación del Código del Sistema Penal.

Ayer, a pocas horas del arribo a suelo boliviano de competidores y personal de apoyo del rally Dakar 2018, -proveniente del vecino país del Perú-, se realizó una multitudinaria marcha, contra el Código de Sistema Penal, que se desarrolló por tres frentes o sectores confluyendo en la plaza de San Francisco, encabezada por la Central Obrera Boliviana, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Asociación Departamental de Productores de Coca de la Paz (Adepcoca), sindicato de Fabriles de La Paz, Cámara de Transporte Pesado de El Alto, UPEA, Confederación Universitaria de Docentes, magisterio paceño, Caja de Salud de la Banca Privada, Fedjuve sur de La Paz, Caja Nacional de Salud, Federación �nica de Trabajadores Campesinos de las provincias de La Paz, Confederación de Trabajadores en Salud de Bolivia, y la Plataforma por la vida y la familia entre otros. Luego de colapsar la ciudad de La Paz con marchas que partieron desde El Alto, Villa Fátima y el centro, los movilizados se apostaron en la plaza San Francisco y procedieron a quemar el Código Penal. Ambiente tenso y enfrentado que el país muestra a todo el mundo que tiene su mirada puesta en el ingreso a Bolivia de vehículos, motocicletas y corredores de esta competencia internacional.

Con este panorama que muestra el país, es necesario deponer actitudes y sentarse una vez más a dialogar, revisar o abrogar este código penal y en su caso redactar un nuevo Código con el consenso de todas las organizaciones sociales que esté acorde a la realidad de Bolivia, entonces se habrá cumplido la frase "Gobernar escuchando al soberano".

(*) Ingeniero