En lo que va del nuevo año, los problemas que se arrastran del recientemente pasado mantienen a la población en vilo y al Gobierno en un estado de franca confrontación, lo que por supuesto implica ciertos riesgos, molestias y mucha incertidumbre en una colectividad que de verdad desea vivir en paz.
El problema proviene del reclamo del sector profesional de los médicos que rechazaron un artículo en el que se manejaba el tema de la "mala praxis" como elemento atentatorio a la seguridad profesional y las sanciones convertían a los supuestos culpables en delincuentes comunes. De ese estamento y tras la curiosidad elemental de otros sectores y de ciudadanos interesados en el tema surgieron más observaciones que involucraron a otras ramas profesionales, a sectores gremiales y una lista de muchos complicados en la opción sancionatoria de una normativa, que por lo visto no pasó por un adecuado proceso de estudio para alcanzar consensos que reciban de buen grado las mejoras que se supone deben ser parte de un código renovado para la aplicación de las leyes a favor de la ciudadanía.
Tras el paso obligado que dio el Gobierno a un costado y entendió el rechazo de médicos y transportistas, las cosas no han vuelto a la normalidad, todavía hay dudas entre trabajadores de salud, en algunos niveles de los propios médicos, mientras que en el caso del transporte, su diversidad gremial por la variedad de servicios que prestan, sigue siendo objeto de rechazo y por lo mismo de algunas movilizaciones, que pasan por los bloqueos y el anuncio de paralizar su trabajo que es parte importante del movimiento ciudadano.
Las cosas pasan a otros niveles, se incluyen a profesionales de diversas ramas, incluyendo abogados que demandan cambios en varios artículos del Código que fue "oleado y sacramentado" por el vicepresidente del país, presentando la carpeta como instrumento de soluciones a los problemas administrativos de la justicia.
En el ínterin del conflicto, fueron posesionados nuevos magistrados que según lo han confesado, comienzan su labor con una seria limitación, al haberse impugnado el código penal que por lo visto, sin entrar todavía en pleno uso, cosa que sucedería en 180 días, un periodo para dar paso a revisiones y en su caso a correcciones necesarias, la tarea presente en la judicatura, ya tiene problemas.
El sector sindical del país, que conjunciona a los trabajadores a través de las organizaciones laborales, rechaza el código y se suma a otros pedidos formales planteando al Gobierno, la anulación total de la normativa al observarse que contiene varios errores de fondo y forma, que van "saliendo" como de una "caja de pandora", mostrando de manera práctica evidencias que de mantenerse en el código causarían muchos problemas que se convertirían en dificultosos procesos fuera del equilibrio de una balanza en que la justicia se incline peligrosamente en desmedro de mayorías y beneplácito de pocos favorecidos.
Frente a una realidad que se vive en el país y en la que de uno u otro modo se involucra la colectividad, es bueno que en los niveles del Estado se aplique la promesa presidencial de "gobernar escuchando al pueblo", y el pedido del soberano debe entenderse en la necesidad de "revisar" todo el código para replantearlo con mejores opciones de beneficio colectivo. Esa medida devolvería, tranquilidad y seguridad en un Gobierno que atiende a las mayorías.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.