En los primeros días del presente mes cuarenta ciudadanos representantes de diferentes organizaciones sociales juraron ante autoridad competente como miembros del Consejo Nacional de Control Social, dizque, una nueva instancia que se encargará de fiscalizar las tareas que desarrollen los funcionarios de los cuatro poderes del Estado.
Significa que está en funciones un órgano que observará de cerca el trabajo de los funcionarios del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, se supone en todos los niveles, es decir desde los jerárquicos hasta los de base pues los problemas de infracciones administrativas pueden darse en cualquier nivel pero con mayor frecuencia en los mandos superiores, como ya se ha establecido en varios casos que actualmente se investigan o procesan.
Por lo poco que se conoce de este “Consejo de Control Social” sus miembros denominados como “representantes” de la comunidad tendrán la delicada misión de aplicar los términos de la Ley de Lucha Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, como un modo de fiscalizar el manejo de la cosa pública.
Un ciudadano que funge como presidente del nuevo Consejo se atribuye cierta autoridad para “que a partir de la fecha junto a organizaciones nacionales y departamentales se haga un control eficaz a gobernadores, alcaldes y demás autoridades de los cuatro poderes, especialmente en el manejo de los fondos públicos que son dineros del pueblo y cuyo uso debe servir al pueblo”.
Se reconoce que en la gestión en curso, más de cuatro años, se presentaron una serie de denuncias por parte de la población reclamando en ciertas ocasiones la asignación de presupuestos para desarrollar importantes proyectos en los rubros de salud y educación, mientras que en otros casos lo que se denunció fue el mal uso de fondos públicos que no llegaron a destino o que simplemente se esfumaron sin ser utilizados en fines concretos.
Pare buen entendedor…basta esa explicación que reconoce implícitamente la serie de errores que se han producido en la administración estatal, desde la cúpula hacia abajo, pasando por ministerios, viceministerios, prefecturas y alcaldías sin que nadie ponga remedio a esa galopante corrupción.
Lo que falta ahora es dar legalidad al funcionamiento de este Consejo de Control Social cuya organización estaría sustentada en los artículos 241 y 242 de la nueva Constitución, que da facultad a la sociedad civil a organizarse y participar en el control social de los cuatro poderes del Estado.
Lo que no está claro es cómo se eligieron a los 40 representantes aunque se diga que son parte de “organizaciones sociales”, ¿cuáles son éstas? Es la pregunta de rigor para saber mínimamente que entre ese grupo de ciudadanos elegidos pueda existir alguno que realmente representa a sectores de nuestra comunidad.
La intención de poner en marcha un Consejo Nacional de Control Social puede ser interesante si se parte del hecho de eliminar la corrupción desde sus raíces en todas las instancias del aparato estatal, incluyendo la justicia y el órgano electoral, pero definiendo las instancias jurisdiccionales de otros organismos que tienen la misma misión y el mismo objetivo.
Que este consejo no sea una especie de “corrector” de medidas que aplique otra autoridad o a la inversa, que lo dispuesto en la nueva instancia no se borre de un “plumazo político”. Para cuidar esta parte importante del funcionamiento del Consejo de Control lo primero es mostrar independencia en la elección de los “ciudadanos representantes” para que sean fieles delegados de la colectividad y no sólo de “organizaciones sociales” con afinidades partidarias.
Fuente: LA PATRIA
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