Eliminar los reductos por la convivencia pacífica y el respeto al ordenamiento jurídico

¡Sálvese quien pueda!, frase muy utilizada y hasta trillada para la iniciación de una columna, empero, válida para reflejar las exigencias de algunos médicos de abrogar el Código Penal, no solamente el art. 205, sino la integridad del código, sin haber reflexionado que todos los códigos de nuestro ordenamiento jurídico tienen el sustrato de códigos vigentes en la mayoría de las naciones del mundo; naturalmente con algunas modificaciones y adaptaciones acorde a la idiosincrasia del país.

En la medicina, en general, como práctica universal de cuidado al prójimo, cuando más exigentes son los protocolos de toda intervención, cuando más los profesionales en medicina adquieren práctica y sabiduría para este apostolado, pues si desean ser los mejores y no mediocres para abajo, saben conscientemente que están sometidos a una investigación penal y a su eventual punición o exoneración.

Es un punto de inflexión muy importante por el análisis ponderado, desapasionado y exento de la expresión limitada de los reductos, que a todo ciudadano compenetrado en el interés por su patria como causa y el resultado de la gestión como aspiración legítima de un progreso incesante para Bolivia, le corresponde.

Si se hace un repaso sosegado y muy tolerante de las opiniones de la gente que escribe y habla en los medios de difusión sobre este conflicto que ya desnudó su raigambre político que históricamente le sustraerá validez de legitimidad en la población, se extrae, ponderadamente que, en general, se ejercita una crítica no propositiva sino un criticismo que de inherente a un sentido accesorio censurable; una unilateral acentuación de la actitud crítica y, esta hipertrofia del ejercicio critico sesgado, impide reconocer los innumerables aciertos de un gobierno cimentándolos como pilares de su gestión: la inclusión social, el mejoramiento de la infraestructura de salud y la considerable elevación del presupuesto para preservar la vida.

La inclusión social cuyo alcance para el futuro de Bolivia es determinante, verdad irrefutable, no solo por el aspecto material del incremento del universo tributario sino por la consolidación de la unidad en la diversidad social donde todos somos iguales, desposeídos de vestigios inflamables de racismo que evitan los agravios comparativos y la emergencia de una sociedad violenta.

La administración estatal de la riqueza del subsuelo, comparativamente es más efectiva en lo tocante a negociaciones de precio y distribución equitativa de la riqueza en las diferentes regiones que deben emprender sus proyectos y cristalizarlos; pues dinero existe. Todo esto, por sana lógica, está sujeto a las contingencias del mundo económico, o sea la posibilidad de existir o no dificultades. El análisis como alternativa prescribe las peculiaridades concretas de su método y nunca aplica un sentido riguroso, pues perfección no hay en ningún gobierno, solo el análisis debe guiarse, sin excluir el método, por el sentido común; de esta forma se elimina el pensamiento o interpretación unilateral de una gestión. En este tema es ineluctable reconocer que se suscitan logros como impronta de un gobierno y cuya aplicación reverbera en otros países.

El manido y poco imaginativo recurso de atribuir la buena conducción de la macroeconomía del país a la coyuntura del precio elevado de los hidrocarburos es pueril; ya hubo gobiernos anteriores que disfrutaron de esa coyuntura benéfica, empero, las obras de infraestructura y social, fueron escasísimas, comparadas con las realizadas actualmente en todo el país.

Sin duda existen problemas sin solución estructural inmediata como la justicia, empero, no son nada deleznables las medidas asumidas y las que se proponen, ordenando su implementación. La corrupción es otro mal endémico de la administración pública que requiere un inmediato replanteamiento sobre la conducta moral de cada servidor público que dispone, recibe, invierte o contrata en nombre del Estado. Aquí existe una rigurosa obligación de formar una recta conciencia reflexionando, estudiando y comprobando la actitud cotidiana de cada servidor público, adoctrinándoles pacientemente en cursos meticulosamente preparados en el ejercicio de la honestidad como bien supremo de cada individuo y, en ello, se debe invertir. Existen otros temas positivos realizados que por la limitación de la columna no es posible reflejar.

De esta forma se preserva la cultura de paz y el bien común que no es otra cosa que dar y reconocer a cada cual lo que le corresponde, expresado jurídicamente, único medio de salvaguardar el interés de la población ante los del reducto.

(*) Abogado corporativo, postgrados en Arbitraje y Conciliación, Interculturalidad y Educación Superior, doctor honoris causa, escritor.