Los nuevos magistrados a tiempo de ser posesionados prometieron, por no decirlo en coro, trabajar por una mejor justicia en el país, aunque por supuesto sin entrar en los detalles de cómo lo harán en las condiciones actuales, con variantes de orden estrictamente "sistemático" en la aplicación y el manejo de los códigos renovados.
El decano saliente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que asistió al acto de entrega de credenciales a los nuevos magistrados, expresó su deseo de que las autoridades que los sustituyan, cumplan sus promesas para desarrollar un mejor plan de aplicar la justicia. "Nosotros hemos trabajado con las leyes viejas y con el molde antiguo, lo que nos perjudicó, ahora hay nuevos códigos cuya aplicación ocasionará problemas, pero tendrán más tiempo en la adaptación", señaló el más antiguo magistrado saliente.
Ese tema no ha sido tomando en cuenta en su justa dimensión y en criterio de profesionales juristas - constitucionalistas, el hecho será más complicado que el anterior, toda vez que el "Nuevo Código" ha sido observado en varios de sus artículos y hay una fuerte corriente de varias instituciones para que sea anulado. De momento algunos de sus artículos deben ser sustituidos.
Como se puede observar, el asunto no es tan simple como proceder al cambio de funcionarios y adelante con la administración de justicia. No hay tal, lo que viene puede complicar seriamente a los nuevos magistrados que se consideran legítimamente electos por el voto ciudadano, aunque saben muy bien y de manera general, que tal legitimidad está cuestionada, porque el resultado en las urnas tiene un alto porcentaje de rechazo, que lamentablemente no se cuenta, pero que se lo siente y es parte de la voluntad comunitaria.
De aquí adelante está ya corriendo un tiempo para la "adaptación" de los nuevos magistrados, 17 varones y 9 mujeres, en los altos cargos del ?rgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, incluyéndose el Tribunal Agroambiental, todo el esquema que debe funcionar sin detenerse, para permitir que los flamantes administradores de justicia, cumplan su promesa de mejorar el sistema, de favorecer a la ciudadanía y eliminar si hubieran, todos los vestigios de corrupción, empero, para alto porcentaje de la ciudadanía está en cuestión esa parte importante de legalidad y legitimidad de las autoridades jurídicas, que no es el mejor referente de respaldo a los elegidos, aunque estos prometan trabajar por una mejor justicia.
Los últimos hechos nos muestran un panorama poco alentador en materia de la administración de justicia, tomando en cuenta que hay serias observaciones a un instrumento legal que tal parece, deberá someterse a un proceso de revisión total que demandará buen tiempo, en el que funcionará el código que no está obsoleto, en tanto no sea reemplazado en condiciones de total regularidad.
El gran problema inmediato es definir en el más alto nivel gubernamental el tratamiento que debe darse al tema, considerando que sectores y sectores, los más plantean reformas en varios artículos, otros proponen derogación de todo el texto del nuevo código, pero también hay quienes defienden algunos artículos que permiten, por ejemplo una lucha abierta contra el robo de minerales, pero al mismo tiempo el organismo nacional de los trabajadores, exige liquidar el código.
Este problema así planteado, es uno que merece urgente tratamiento al comienzo de una nueva gestión en la justicia boliviana. Legisladores y magistrados están ante una prueba de su capacidad para trabajar cumpliendo promesas.
Fuente: LA PATRIA
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