El 15 de diciembre de 2017 el gobierno promulgó el Código del Sistema Penal Boliviano que cuenta con 681 artÃculos, 3 disposiciones transitorias, 6 disposiciones adicionales y 3 disposiciones derogatorias, las mismas que entraran en vigencia dentro de 18 meses es decir el 2019.
La aprobación de esta norma legal ha ocasionado reacciones en diferentes sectores sociales entre los que se puede mencionar el transporte con la observación al art. 137 (Homicidio culposo con medio de transporte). I. que señala "La persona que por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o los deberes inherentes a la conducción de vehÃculos, cause a otra la muerte, con un medio de transporte motorizado, será sancionada con prisión de dos (2) a cuatro (4) años, reparación económica e inhabilitación".
Los sectores médicos, estudiantes y profesionales, con el Art. 205 (Daño a la salud o integridad fÃsica por mala práctica). I. que indica "La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad fÃsica de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales".
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Sectores de trabajadores con el art. 293 (Sedición). I. que menciona "La persona que, sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido, se alce públicamente y en abierta hostilidad para deponer a alguna servidora, servidor, empleada o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o trastornar o turbar el orden público, será sancionada con prisión de uno (1) a tres (3) años y prestación de trabajo de utilidad pública". Como también con el Art. 294 (Atribuirse los derechos del pueblo). I. que resalta "La persona que forme parte de una fuerza armada o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, será sancionada con prisión de dos (2) a cuatro (4) años y, cuando corresponda, inhabilitación".
No responder a la petición de estos sectores ha ocasionado problema con estos sectores. El conflicto con el sector médico cumple 43 dÃas de paralización de actividades y no se ha logrado nada. El polémico artÃculo 205, que sanciona la mala práctica profesional, no sólo afecta a los galenos sino a otros rubros como la construcción y la educación. El movimiento de estos sectores ocasionó la convulsión de las calles en la sede de gobierno con marchas y protestas que se agudizaron desde el martes 19 hasta el viernes 22 de diciembre de 2017 la situación empeoró, cuando la PolicÃa en su afán de poner orden ingresó al monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés con gases -como en la época de dictadura militar-, con el propósito de detener a universitarios que reaccionaron a la gasificación, lo que produjo que el Consejo Universitario emita una Resolución vetando a docentes que hubieren participado en la violación de la autonomÃa universitaria. Hubo heridos, destrozos en instituciones y más de una decena de arrestados en diferentes enfrentamientos con la PolicÃa en pleno centro paceño. Por otra parte, producto de un proyectil de gas lanzado por la PolicÃa ayer falleció una persona de la tercera edad en Puerto Pailas, Departamento de Santa Cruz.
Universitarios, docentes, médicos, magisterio ingresaron en huelga de hambre en dÃas previos a celebrar la noche de Navidad, pasando por primera vez esta festividad y año Nuevo en estos ambientes, nada agradables. El anterior fin de semana de Año Nuevo, el sector médico se reunió con representantes del Gobierno con el propósito de encontrar una solución a este problema. Después de dos dÃas de diálogo y negociaciones, se firmó un pre acuerdo que podÃa poner fin a este problema, pero después de sendas y prolongadas reuniones con las bases de los colegios médicos en cada departamento, rechazaron este documento exigiendo ahora la abrogación de todo el Código de Sistema Penal.
En el propósito de evitar más confrontaciones, ayer el Gobierno resolvió anular los Arts. 137 y 205, enviando a un análisis para su posible reforma los Art. 293 y 294. Esta actitud no fue suficiente porque los sectores que ahora suman a doce entre los que se encuentran transportistas, gremiales, universidad, vecinos, evangelistas, magisterio, Central Obrera Boliviana (COB), Asamblea Permanente de Derechos Humanos, jubilados, Colegio Nacional de Profesionales y la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), entre otros, persisten en la anulación del Código de Sistema Penal, esta manifestación está apoyada por el comité ejecutivo del autotransporte pesado nacional e internacional (Ceatrenal) que se declaró en emergencia y dio "un plazo fatal" al Gobierno hasta hoy para abrogar el Código Penal, caso contrario ingresarÃan a un paro general indefinido desde las cero horas del próximo lunes.
Esta cronologÃa sucinta de acontecimientos y hechos ocurridos en un mes de conflicto debe hacer meditar al Gobierno que es necesario un diálogo porque de continuar con estas dificultades puede generar vandalismo, desequilibrio social o enfrentamientos entre sectores en conflicto con organizaciones sociales afines al partido de gobierno -que ya expresaron su intención de defender su proceso de cambio-, choques que pueden desembocar en tragedias que nada bien hacen al paÃs.
Por todo lo que está ocurriendo, es necesario deponer actitudes y sentarse -una vez más- a dialogar tomando en cuenta que el diálogo reúne a un conjunto diverso de personas dirigentes de estos sectores en conflicto y el Gobierno para crear un ambiente adecuado de entendimiento y conversación con el propósito de lograr un cambio sostenible, e interpongan sus mejores acciones con el fin de llegar a un diálogo sincero, interesados en la identificación de nuevos enfoques para encontrar soluciones, pensando en las personas perjudicadas, como son los enfermos, pacientes que se encuentran en espera de su control médico, operaciones programadas con anterioridad. Asegurados que no tienen plata para acudir a una clÃnica particular y deben ser pacientes para aguardar una pronta solución al problema. Para ingresar a un diálogo debe existir sinceridad y honestidad, evitar vulnerar derechos de las personas, como base de convivencia. La tolerancia, que consiste en respetar a los que piensan diferente debe estar presente en cada momento de discrepancias. Es preciso pensar en la unidad de todos los bolivianos porque primero está Bolivia.
(*) Ingeniero