Hay necesidad de imponer una clara política minera metalúrgica en el país

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Transcurrida la gestión 2017 sin mayores novedades en lo que corresponde al impulso de nuevos emprendimientos mineros en el país, los ya conocidos están todavía en fase de experimentación técnica, caso del litio en el salar de Uyuni, considerado el más grande en materia minera, por inversión y por los resultados que se esperan una vez que se inicie el proceso de su industrialización.

Se supone que persiste un trabajo exploratorio en el yacimiento de Mallku Khota, que podría ser la revelación en nuevos yacimientos para explotación, Se informó sobre proyectos de prospección y exploración minera, en algunos distritos, pero los resultados no dieron satisfacciones. El mayor problema para el desarrollo de esas buenas intenciones necesita de fuertes inversiones, pues el mínimo porcentaje que tienen las gobernaciones para ese fin no cubre en absoluto los requerimientos de personal y materiales para establecer nuevos yacimientos.

En lo que corresponde a trabajos de producción regular, están los casos de la minería estatal, Huanuni que debe encarar un plan de diversificación de la explotación de otros minerales, mientras tanto limitando su producción hasta que el ingenio Lucianita pueda entrar en funcionamiento, con lo que se logrará una producción de 3 mil toneladas por día. Falta el dique de colas y por supuesto garantizar la provisión de agua para el primer ingenio que se construyó sin tomar en cuenta ese imprescindible elemento. En Colquiri que mantiene un ritmo regular de producción se vislumbra la implementación de un ingenio para refinación de zinc que es el mineral que en mayor cantidad produce el distrito paceño.

En cuanto a las fundiciones, la que sigue produciendo lingotes de estaño es la Metalúrgica de Vinto que tiene algunos planes para que el horno Ausmelt alcance el 100% de su producción, mientras tanto, queda en una nebulosa el anuncio que se hizo sobre la instalación de la fundición de zinc, en los predios de la ex ENAF, un tema que sigue siendo una esperanza para el distrito de Oruro.

El caso de Karachipampa, sigue con el elefante blanco que no camina, son varios intentos que se han hecho para poner en marcha esa fundición, pero tras cuatro años y muchas inversiones, todavía no funciona de manera regular postergando la fundición de plomo y plata, materia prima que no falta con la producción de la minera San Cristóbal.

A propósito de este distrito, sigue siendo el más importante en el sector minero mediano privado, generando buen nivel de utilidades, impuestos y de regalías, algo más que las otras empresas privadas que trabajan en Potosí, como San Vicente, San Bartolomé y Manquiri.

Mientras no se defina la funcionalidad técnica y operativa de la estatal minera, que dicho sea de paso, no necesita "refundarse" sino "reestructurarse", un asunto en el que los mineros asalariados justificaron su posición, rechazando el complejo proceso de refundar esa empresa que implica sobre todo el cambio de su razón social, con un proceso burocrático que sumaría más perjuicios que beneficios en el proceso de habilitar a la Comibol, como responsable de la política minera del país, pero con sentido de alto rendimiento productivo y eficiencia administrativa.

NUEVOS

CONTRATOS MINEROS

Así quedaron las cosas al final del año aunque con alguna perspectiva en función a los nuevos contratos que han sido gestionados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para su aprobación en la Asamblea Legislativa.

A través de la promulgación de seis leyes, casi al final del año 2017, un total de 117 contratos administrativos fueron firmados entre los actores mineros y la AJAM, correspondiendo la distribución a 39 para La Paz, Sata Cruz 17, Cochabamba 18, para Oruro 17, mientras que en la regional de Potosí y Chuquisaca se contaron 16 y en la regional Tupiza-Tarija se aprobaron 10. Se aclaró que se trata de contratos administrativos mineros nuevos que no corresponden a las adecuaciones que se tramitaron en otra instancia para regularizar su vigencia.

Lo importante de estos nuevos contratos, es que los mismos están en áreas No protegidas, por lo tanto en terrenos libres. Los actores mineros tienen su autorización respectiva para desarrollar sus operaciones, correspondiendo 66 a la industria minera privada, 49 a las cooperativas mineras y sólo dos a la industria minera estatal.

En un periodo de tres años (2014-2017) se revirtieron a favor del Estado 673 concesiones mineras, porque las mismas eran improductivas, es decir que los favorecidos con autorizaciones no cumplieron con la función económica social de producir en las áreas concedidas. En adelante se realizará un estricto control, para verificar que los nuevos contratos mineros corresponden a emprendimientos de empresas e inversionistas mineros.

Bajo todas estas alternativas, las coincidencias son claras para reconocer que en materia minera, la gestión pasada no fue la mejor y que para encarar la nueva se necesitan cumplir ciertos elementos imprescindibles, desde reestructurar la Comibol, reglamentar la Ley 535, definir reglas de juego para atraer inversiones e impulsar los proyectos mineros metalúrgicos del país.