Gobierno español ampliará medidas para controlar a sospechosos de yihadismo

Las empresas dedicadas en España al alquiler de vehículos y al hospedaje en viviendas tendrán la obligación de contar con un registro documental de sus contratos con la identidad de sus clientes, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad cuenten con información de sospechosos yihadistas.

Así lo anunció hoy (ayer) el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la reunión del llamado pacto antiyihadista, un foro al que acude la mayor parte de las fuerzas parlamentarias para debatir actuaciones en materia antiterrorista.

La reunión tuvo lugar al final de un año en el que las localidades catalanas de Barcelona y Cambrils fueron, en agosto, escenario de atentados yihadistas, con dieciséis muertos atropellados por terroristas, varios de los cuales fueron después abatidos por la Policía.

Interior también quiere modificar el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de la comercialización de las bombonas de butano, susceptibles de ser manipuladas y usadas como explosivo.

En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas que eviten que se repitan situaciones como la del imán de la mezquita de Ripoll (Cataluña).

El imán Abdelbaki Es Satty, considerado pieza clave en la preparación de los atentados de agosto, murió en la explosión accidental de bombonas de butano en una casa y sobre su radicalismo la Policía belga había advertido a la de la región de Cataluña después de pasar algunos meses en una ciudad de ese país.

El ministro informó también a los parlamentarios de que existe el proyecto para favorecer la trasmisión europea de datos de reserva de vuelos, de modo que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista.

El pacto antiyihadista fue firmado en febrero de 2015 por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez y con posterioridad se han ido agregando otras fuerzas.

Entre las medidas que recoge está la de tipificar como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella, así como la persecución a los denominados "lobos solitarios", las personas que pueden atentar sin necesidad de pertenecer a una organización terrorista.

También contempla las nuevas formas de terrorismo, la captación y el adiestramiento de terroristas -con especial atención al adiestramiento pasivo-, así como el uso de las redes sociales.

Figura también el compromiso de impulsar las reformas legislativas necesarias en cada momento para reforzar el marco jurídico contra el terrorismo.

El punto más polémico ya en su entrada en vigor fue que a los terroristas que causen muertes se les aplique la "máxima pena privativa de libertad" recogida en el Código Penal español, que es la que se conoce como prisión permanente revisable.

Varias fuerzas consideran que es un eufemismo para indicar la cadena perpetua, inconstitucional en España y motivo por el cual algunos partidos se negaron a integrarse en el pacto, hasta el punto de que los socialistas lo hicieron tras la advertencia de que cuando lleguen al Gobierno derogarán esa fórmula jurídica.

La cita de hoy (ayer) estuvo precedida por críticas de la coalición de izquierdas Unidos Podemos - tercera fuerza parlamentaria - y de los partidos nacionalistas catalanes y vascos por la supuesta exclusión de estas fuerzas que figuran como observadores y que no han suscrito el pacto por sus discrepancias con sus medidas penales.

Al final a la reunión acudió un diputado de Unidos Podemos, que mantiene sus reticencias pero quiso dar imagen de contribuir a la lucha contra el terrorismo, pero no representantes de los partidos catalanes y vascos.

Fuente: Madrid, 27 (EFE)