Más competencias y menos recursos

Como se han movido instancias e intereses de los gobiernos departamentales, por lo menos hasta el cierre de la gestión, el pacto fiscal, como lo explicó alguna autoridad no aterrizará en tiempo próximo y espacio suficiente para que su aplicación sea una normativa en la nueva gestión. El asunto no marcha de ese modo y la vigencia de los gobiernos autónomos está todavía pendiente de una serie de ajustes en una nomenclatura de normas que deben aplicarse para dar funcionalidad a la asignación y uso de recursos.

Entre algunas observaciones de autoridades ligadas al Servicio de Autonomías se ha establecido que en función operacional, se han transferido más competencias a las instancias departamentales y se les ha recortado los presupuestos que tenían años atrás y que, por esas cosas de la administración irregular de fondos, no pudieron ejecutar sus recursos, que en algunos casos han sido revertidos a cuentas oficiales.

El gran problema es que la fuente que se consideraba segura para la provisión de recursos y que era parte de la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se ha convertido en el factor más vulnerable, debido a la caída en el precio del barril de petróleo y su factor de referencia con la venta del gas, aspecto que ha restringido de manera radical, los ingresos que se percibían y que permitieron en algunos casos impulsar proyectos suntuarios, que en el futuro deben ser repensados para su conclusión.

Son realmente importantes las competencias que tienen los gobiernos autónomos departamentales, dependiendo de esas administraciones entre otras cosas, el mantenimiento vial en la jurisdicción distrital, servicios de sanidad, electrificación, apoyo a centros productivos, desarrollo agropecuario, centros de información y promoción cultural, además de otras obligaciones, por ejemplo en el caso de distritos mineros, encarar planes de prospección y exploración minera para encarar la explotación de recursos naturales, pero con sentido de alto rendimiento que consoliden fuentes de empleo y generación de regalías.

Por efecto de cumplimiento del Art. 300 de la Constitución Política del Estado (CPE), los gobiernos departamentales deben solventar los costos de seguridad ciudadana, lucha contra la violencia, costos de educación, prediarios para privados de libertad, servicios básicos, apoyo a la niñez, a las personas con discapacidad, la protección del adulto mayor y pagar en coparticipación con el Estado algunos bonos sociales. Las responsabilidades son muchas y los recursos son pocos, por lo menos esa es la definición del actual esquema que debe aplicarse en el orden de lo que debía ser el pacto fiscal.

Entre algunos de los Gobernadores hay una inocultable preocupación y tiene que ver con la demora en aprobar el pacto fiscal, sabiendo que el año 2018 será electoral y por lo mismo este tema será politizado y manejado de acuerdo a los intereses de orden oficial, postergando indudablemente, la aprobación plena de los sistemas autonómicos departamentales, una situación que puede postergar indefinidamente el interés regional de manejar cada economía departamental independientemente del poder central, un anhelo de larga data.

Fuente: LA PATRIA