La crónica realidad de la administración de justicia
21 dic 2017
Fuente: La Paz, 20 (ANF).-
Siete de cada 10 privados de libertad no tienen sentencia. El hacinamiento en las cárceles bordea el 300%, lo que muestra la más impactante crisis de la administración de justicia en Bolivia, en medio de profundas crÃticas a los operadores.
La gestión 2017 termina con similar o mayor inquietud respecto a la situación del sistema judicial y carcelario. Los datos de privados de libertad no se han reducido, porque la detención preventiva es utilizada como una "regla" y no como una "excepción".
Jorge Mostajo, miembro de la Comisión Codificadora del Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, mostró su preocupación por que hasta marzo, la población en los centros penitenciarios llegaba a 16.613 detenidos, solo 5.028 con sentencia y 11.585 con detención preventiva.
"Esa es una muestra de cómo está funcionando el sistema de justicia penal. Es la muestra más impactante de la crisis, pero a partir del uso excesivo de la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles", dijo a ANF la directora de Fundación Construir, Susana Saavedra.
Pasó más de dos años en la cárcel por un asesinato que no cometió. La fiscalÃa sostuvo que era el culpable basado en semejanzas con el verdadero feminicida. La justicia lo condenó a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
No fue la fiscalÃa que resolvió el caso, sino su hermana. Peregrinó y tocó todas las puertas para demostrar su inocencia, hasta que la PolicÃa estableció que las pericias no coincidÃan y que el asesino era otro.
Saavedra asegura que esta situación continuará si es que no existe "una reforma integral y estructural de la justicia", cree que se trata de plantear el problema desde una polÃtica pública y no un tema normativo.
El Ã?rgano Judicial recibe el 0,42% del Presupuesto General de la Nación. Recursos destinados al Ã?rgano Judicial, el Tribunal Constitucional, Defensa Pública y Defensa de la VÃctima. Otro es el presupuesto del Ministerio Público.
El análisis de Omar Durán, ex candidato a magistrado, apunta a la desinstitucionalización como la principal causa para la crisis judicial, situación que no cree que cambie con la renovación de las autoridades judiciales que este pasado 3 de diciembre fueron electas.
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