El año 2017, según los datos de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia, dependiente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), fue mejor para el rubro de lo que fue el 2016, pues en algunos casos de agresiones contra periodistas y medios hubo una disminución en ciertos casos y sólo en unos cuantos esos hechos aumentaron.
La entidad que aglutina a los medios escritos más importantes del país y a una agencia de informaciones, a través de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia, observa que se cumplan los derechos que tienen todos los ciudadanos a estar informados y a expresarse libremente.
Según el informe de dicha unidad dependiente de la ANP las agresiones físicas y atentados disminuyeron, aunque no de manera significativa como las agresiones verbales y amenazas que se redujeron en más del 50 por ciento. Las acciones de censura y restricciones a la libertad de opinión y expresión también tuvieron una disminución.
Otro tipo de agresiones que tuvieron el mismo comportamiento son: Incidentes de acoso judicial o administrativo, el reconocimiento judicial a la vigencia de la Ley de Imprenta y otras normas, intimidación, presión y/o vigilancia, entre otros que no se especifican en el informe.
No ocurre lo mismo con los casos de agresiones materiales a equipos de periodistas y de medios, restricciones al trabajo periodístico y agresiones informáticas a portales web y medios online, que sufrieron un incremento en relación al año 2016.
Mantuvieron el comportamiento en relación al año pasado las siguientes formas de agresión: Desplazamiento forzado, refugio o exilio y detención o encarcelamiento. De la misma manera se tuvo el mismo número de alertas por normas o proyectos que dificultan el acceso a la información pública y el trabajo periodístico que en la pasada gestión.
No obstante, este año nuevamente se hizo un intento por reactivar la Ley Hermanos "Peñasco Layme" para otorgar un seguro de vida a los periodistas, sin embargo, el proyecto es rechazado por algunos sectores de los mismos periodistas por constituirse en una norma inconstitucional y que en su redacción tiene grandes fallos que significan un perjuicio más que un apoyo para los periodistas, pero por presión de grupos reducidos de dirigentes y personas ligadas al Gobierno no se revisan y corrigen para hacer de ella un instrumento de beneficio para los trabajadores de la prensa, sino que se constituye en una confiscación de recursos a los medios de comunicación, además de un impuesto sobre otros impuestos que acabarían con la vida institucional de los medios de prensa.
También, al terminar el año, se propuso una nueva ley para que intenta sancionar con cárcel, multas y enjuiciamiento a periodistas y ejecutivos de medios de información por supuestos daños a la dignidad de las personas, pero no prosperó porque contravenía la Ley de Imprenta y la propia Constitución Política del Estado en vigencia.
Para finalizar, se puede indicar que continúa en vigencia la obligación de publicar avisos sociales gratuitos, perjudicando espacios destinados a los avisos pagados, disminuyendo los ingresos de los medios. Además que se discrimina a los medios independientes a través de la publicidad que el gobierno contrata, pues sólo otorga ese privilegio a los medios que guardan afinidad con el discurso gubernamental y privó de ese ingreso a aquellos que difunden noticias incómodas para el Presidente Evo Morales y sus seguidores.
Fuente: LA PATRIA
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