Los médicos saben lo que significa la instancia de terapia intensiva, en el proceso de un tratamiento de cualquier paciente, en pos de aliviar sus males y reponerlo para que siga otra fase necesaria de recuperación, con atención especializada y servicios que tengan importante dosis de medicamentos, pero también y de manera ineludible calidad y calidez.
Como están las cosas en el ya prolongado conflicto médico, el sistema de la salud pública y la que depende del seguro social, están en delicado estado y por lo mismo deben ingresar en terapia intensiva. Un tratamiento de emergencia para solucionar una serie de factores alternos en un caso que inicialmente tenía que ver con cambios en la redacción de un artículo que penalizaba la "mala praxis médica" y que aparentemente podía solucionarse interpretando sugerencias del sector afectado y redactando el contenido de la disposición de modo que no se castiguen injustamente casos "especiales", pero que tampoco dejen sin sanción delitos que afectan a personas y familias, pudo remediarse ese mal.
No sucedió así, una serie de factores, algunos reales y otros ficticios, unos con características formales y otros atrabiliariamente inducidos, han complicado el problema que en la próxima semana puede desembocar en hechos que nadie quiere lamentar, pero que como resultado de presiones e incomprensiones, podría alterar seriamente todo el sistema nacional de salud, incluyendo en su contexto a los protagonistas del caso, los médicos, pero por tal efecto a los pacientes, una mayoría ciudadana que hace más de 20 días no tiene servicios médicos.
El asunto se complica mucho más por la aprobación del Artículo 205 como resultado de la acción mayoritaria parlamentaria que aplicó "el rodillo" y sancionó el nuevo código penal, incluido el polémico artículo de mala praxis. La reacción de los médicos fue rechazar tal aprobación amenazando con la multiplicación de sus medidas de presión, incrementarán piquetes de huelga de hambre, el paro continuará y hasta es posible que implemente bloqueos de vías de circulación, calles y quien sabe carreteras.
El Gobierno en su afán de doblar la entereza de los huelguistas, declaró la huelga ilegal lo que significa que se aplicaría el despido laboral de quienes no hubieran asistido seis días continuos a sus fuentes de trabajo, aunque en el Ministerio de Trabajo se comprobó que una mayoría de médicos asistieron a sus fuentes de trabajo sólo a marcar sus tarjetas de asistencia, sin trabajar. En todo caso más de 20 días de paro implica un serio perjuicio a la colectividad y tratándose del servicio de salud, el hecho constituye un delito por atentar contra la vida de las personas.
Incontables deficiencias del sistema de salud obligan a una reestructuración general de sus moldes administrativos, con lo sucedido ha quedado al descubierto una generalizada crisis que comienza en la falta de recursos financieros en los dos sistemas, por lo mismo hay déficit de personal profesional, faltan especialistas y el equipamiento de los centros médicos es insuficiente, falta modernizar la dotación de aparatos clínicos e instrumental, pues con lo poco que hay, los médicos hacen lo que pueden para alivio a los pacientes.
Para la población, este asunto es sumamente peligroso y necesita una atención de urgencia en terapia intensiva, para aplicar un tratamiento que mejore todo el sistema, que garantice el futuro de la salud con una estrategia, ojala fuera asesorada por especialistas, que incluya un reajuste en personal superior y de mando medio, pero además comprometa la suficiente asistencia financiera que necesita la salud en el país.
Fuente: LA PATRIA
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