Comunarios que se hayan apropiado de terrenos fiscales serán procesados

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El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) iniciará procesos de orden legal en contra de comunarios que hayan incurrido en la apropiación indebida de extensiones de terreno en la comunidad de Socamani, más aun considerando la existencia de más de 1.000 hectáreas que son de propiedad del Estado, al ser tierras fiscales.

Según información documental presentada por autoridades y técnicos del GAMO, existirían varias irregularidades en toda la comunidad de Socamani, las cuales no pueden ser pasadas por alto, ni mucho menos a presión de manifestaciones de protesta que hasta ayer hicieron que las actividades al interior de la municipalidad orureña no sean del todo normales.

Recordemos que la demanda de los pobladores de esta comunidad exige atención inmediata al proceso de regularización de parcelas de tierra, que por más de cuatro gestiones consecutivas habrían sido postergadas en su tratamiento por el Gobierno Municipal.

"Cuando hemos iniciado el proceso de identificación de las tierras fiscales, muchos técnicos han sido amenazados en el sector. Este trabajo está tocando muchos intereses particulares, personales, pero que el Gobierno Municipal no va a parar porque debemos identificar las 1.812 hectáreas y las personas quienes estén identificadas con un uso ilegal de estas tierras serán denunciadas", indicó el secretario de Infraestructura Urbana del GAMO, Carlos Delgado.

Se entiende que años atrás, el Estado habría otorgado a cada uno de los pobladores de Socamani una extensión de 22 hectáreas de terreno, pero que arbitrariamente en varios casos se evidenció la apropiación de más de 80 hectáreas, lo que debe ser investigado en el menor tiempo posible.

COMUNARIOS

Al respecto, autoridades originarias de esta comunidad ratificaron que sí existen irregularidades, pero que este problema debe ser resuelto por medio del diálogo en presencia de los responsables técnicos y la primera autoridad de municipio.

"Lo único que hemos pedido es que nos sentemos a dialogar, irregularidades hay, eso no mentimos nosotros, pero hay que trabajar en conjunto, en cuatro años no se ha podido regularizar, nosotros estamos esperando una respuesta del alcalde, y si no nos va a atender vamos a continuar movilizados hasta las últimas consecuencias", aseguró Gregorio Aiza, corregidor de esta comunidad.

Cabe señalar, que a instrucción del Gobierno Municipal se inició un proceso judicial en contra de las principales autoridades originarias de Socamani, ya que la movilización asentada en puertas de la alcaldía violó el libre derecho al trabajo durante la jornada del martes.

Fuente: LA PATRIA