Auditoría será determinante para verificar legitimidad de terrenos en Socamani
13 dic 2017
Fuente: LA PATRIA
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El resultado de un proceso de auditoría permitirá identificar la extensión de terrenos pertenecientes a la comunidad de Socamani, como también la superficie de propiedad del Estado al existir tierras fiscales, de manera que no se pueda incurrir en acciones de apropiación ilegal por parte de comunarios que demandan al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), agilizar el proceso de legalización de tierras para adquirir un derecho propietario.
Una marcha de pobladores pertenecientes a esta comunidad llegó hasta el centro de la ciudad la mañana de ayer, denunciando que en más de cuatro años no se pudo culminar el proceso de legalización de tierras, atribuyendo esta responsabilidad enteramente a los técnicos de la alcaldía del municipio.
Sin embargo, es importante destacar que en toda la extensión de dicha comunidad que abarca gran parte de la zona Este, desde el puente Tagarete en dirección al Norte de la ciudad, según refirieron los comunarios, existen terrenos de propiedad del Estado que según el alcalde, Edgar Bazán Ortega, deben ser identificados por medio de un trabajo técnico.
"Queremos documentar nuestras parcelas, pero sin embargo no nos dejan, ahora, cuando viene un avasallador rápido se lo agilizan, eso es lo que ha molestado a la comunidad y vamos a estar en movilización hasta que se pueda atender nuestra demanda", afirmó Gregorio Aiza, corregidor de la comunidad de Socamani.
TIERRAS
Según Bazán, en la actualidad fueron entregadas 226 hectáreas de las tierras fiscales al Gobierno Departamental de Oruro para la instalación del parque industrial, restando por identificar 1.812 hectáreas. En ese sentido, se dijo que no es considerable acreditar la legalidad de terrenos, mientras no se identifique los espacios en cuestión, ya que estos no deben ser usurpados por personas particulares, sino para el Estado.
PROCESO
La movilización de protesta que cerró las puertas del Gobierno Municipal, fue motivo para que el equipo jurídico del alcalde inicie un proceso penal contra los dirigentes de la comunidad de Socamani, Edwin H.G. y Benigno A.A. al evidenciar los daños económicos ocasionados ayer, impidiendo la normalidad de las actividades al interior de la administración municipal. "El Alcalde Municipal ha expresado en reiteradas ocasiones, que es respetuoso del derecho a la protesta conforme señala la Constitución Política del Estado, pero el cierre intempestivo del edificio del Tesoro Municipal es un atentado, no solo al derecho al trabajo de los funcionarios, sino también un daño a la economía de Oruro", finalizó el alcalde.
En un memorial entregado al Ministerio Público a las 18:30 horas firmado por el alcalde Bazán, se detalla que la comisión por los presuntos ilícitos contra los dirigentes del sector movilizado es "impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo", detallando que en la víspera, el daño económico a las arcas del municipio y por ende del Estado, ascienden a 460.000 bolivianos, toda vez que en el municipio se desarrolla el Programa de Regularización de Adeudos Tributarios o "perdonazo".
Fuente: LA PATRIA
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