"Las esperanzas nunca mueren" según un antiguo dicho que, en muchos casos, han dado certidumbre a quienes creían sinceramente que ello era posible; pero las esperanzas abrigadas por el pueblo boliviano en sentido de que el Tribunal Constitucional se apegaría a la Constitución y a las leyes, antes de obedecer ciegamente las disposiciones del gobierno y su partido, según el sentir ciudadano y respetaría la Carta Magna y las decisiones del pueblo en el Referendum del 21 de febrero de 2016.
Este proceder, contrario a la Ley de Leyes y a normas elementales de moralidad, equidad y justicia, los llamados magistrados del Tribunal Constitucional decidieron dar paso a la voluntad del gobierno para el logro de una nueva repostulación del Presidente y su segundo a una nueva gestión de gobierno que empezaría el año 2019. Grave yerro y atentado no solamente contra la Constitución sino también contra la voluntad expresada en el referendum del 21 de febrero de 2016, que negó la posibilidad de modificar el art. 168 de la Constitución para que haya una nueva repostulación con miras a nueva reelección.
Lo hecho muestra simplemente, que así como se pisotea la Constitución en cuestión tan delicada y que afecta al presente y futuro del país, así con impunidad absoluta, se podría violar la Constitución y las leyes. Ante ello, el pueblo podrá preguntarse: ¿De qué sirven las leyes? ¿Para qué las prohibiciones para no hacer tal o cual cosa y para no cumplir con reglas y juramentos y decisiones calificadas como legales? ¿Quién podría encontrar delitos en todo lo malo que se haga? ¿Qué tipos de sanciones merecerían quienes vulneran e incumplen lo que está determinado por la Ley de Dios, por la CPE y por las leyes que han sido dictadas en pro de un vivir apegado a la legalidad? ¿Para qué pregonar acatamiento a las leyes y cumplimiento de sus previsiones si se viola, por parte de quienes deben ser los primeros en respetar lo que señala la Ley de Leyes e imponer el sentido moral de cada habitante de este país?
El Tribunal Constitucional argumenta haber acatado disposiciones sobre derechos humanos para haber procedido como lo hizo y lo hace con el fin de conseguir que las mentiras, de tanto ser repetidas, se conviertan en verdades. Al parecer lo hizo "en acatamiento" no de la CPE sino de intereses políticos pre-establecidos. Seguramente habría influido en ellos el que "podrían haber consecuencias si no se acataban las órdenes" que, en todo caso, beneficien al gobierno y su partido; en otras palabras, venció el miedo, la conveniencia, el interés creado, la seguridad personal y otros intereses que "cuentan más que lo que interesa al país".
¡Qué triste y lamentable es que, con estas conductas, se haya mansillado tanto la profesión de la abogacía, la creencia de que "se hace justicia" y el credo de que "se sirve al país y a su pueblo"! ¡Qué poca esperanza dejan esos seis abogados, hechos magistrados, para confiar en una administración debida de la justicia que tanto falta en el país!
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