Derechos Humanos y las personas más vulnerables de la sociedad

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Este 10 de diciembre de 2017, se cumplirán sesenta y nueve años, de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como miembros de la comunidad sabemos que esos derechos son continuamente vulnerados, hasta por los Estados democráticos, que sin embargo deberían ser los primeros en respetar esos derechos.

El ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los derechos humanos, son atributos inherentes a la dignidad humana, que son inviolables y que no pueden ser legalmente menospreciados por el ejercicio del poder público.

PERSONAS DE LA

TERCERA EDAD

El último censo del Instituto Nacional de Estadística, reveló que el 63 por ciento de la población adulta mayor vive en la pobreza, porcentaje que nos alarma, siendo que debido a las limitaciones económicas, físicas y hasta intelectuales, los adultos mayores no pueden valerse por sí mismos para poder subsistir.

Por lo que urge una política gubernamental, para atender en sus necesidades básicas con prioridad, más aún porque muchos no cuentan con la atención, menos protección de sus familiares.

No obstante que el municipio a través de su Programa del Adulto Mayor, agrupa a buena cantidad de personas, quienes realizan actividades físicas y de recreación, se necesita aglutinar a más personas y en los diferentes distritos, para mejorar la calidad de vida. Sin embargo para ello se requieren ser destinados recursos económicos, para su atención a mediano y corto plazo, por lo que el municipio debe priorizar en sus ciudadanos más que en obras de cemento. Ni qué decir del área rural donde hay más personas adultas mayores.

Por otro lado, es primordial que los servidores públicos, conozcan de las leyes que benefician a esta población

Las Naciones Unidas aprobó los Principios para las Personas de Edad, en el cual se manifiestan derechos especiales como el vivir con independencia y a satisfacer sus necesidades básicas como: vivienda, alimentación, acceso al trabajo y seguridad social.

LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

El Censo de Población y Vivienda del 2012 ha establecido en términos general que en Oruro, se concentra la mayor cantidad de personas con alguna dificultad permanente.

No obstante que existen varias leyes y normativas que protegen los derechos de la personas con discapacidad, estas no se cumplen, continúan siendo discriminados y maltratados, no sólo por las instituciones públicas y privadas, sino por la misma población.

La discapacidad es una limitación física-motora, visual, auditiva, intelectual, mental o psíquica o múltiple, de diverso grado, que muchas veces no les permite desenvolverse en la vida social, por lo que es necesario la sensibilización de la ciudadanía, para brindarle apoyo y colaboración, y respeto a sus derechos que como personas tienen, como el acceso a la educación y a un trabajo.

El Estado debe brindarles atención integral de prevención y rehabilitación, seguro universal de salud, acceso a la seguridad social y cobertura específica en casos de discapacidad. Mientras que las gobernaciones y municipios son responsables de promover y desarrollar proyectos y políticas a favor de esta población.

Sin embargo, en caso de la vulneración de sus derechos o de recibir maltrato, pueden presentar quejas o denuncias en la Defensoría del Pueblo, en los Comités Departamentales de la Personas con Discapacidad (Codepedis) y en las Unidades Municipales de Atención a la Discapacidad (Umadis).

LOS NIÃ?OS, NIÃ?AS

Y ADOLESCENTES

La Constitución Política del Estado de 2009 ha visibilizado a los niños, niñas y adolescentes, otorgándoles atención prioritaria en la familia, escuela y comunidad, Además que los servidores públicos y privados, deben priorizar la atención a esta población en centros de salud, escuelas, recintos policiales, militares y en centros judiciales

La Constitución establece que los niños, niñas y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos, es así que pueden reclamar su cumplimiento.

Siendo esta población frágil, cualquier persona que maltrate ya sea física o psicológica, será sancionado, así sea el padre, madre, hermano u otro familiar, de igual manera cualquier ciudadano debe respetar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

También se prohíbe y sanciona la explotación laboral y el trabajo forzado u obligado, ya que muchos empleadores obligan a los niños a dejar sus estudios, para dedicarse a trabajo que muchas veces no van con su edad o son peligrosos para su integridad física. Estos extremos deben ser denunciados.

LAS PERSONAS PRIVADAS

DE LIBERTAD

Existe apatía por parte de la sociedad y poco interés por las autoridades llamadas para atender a las personas privadas de libertad que viven en condiciones de hacinamiento extremo, como en Oruro, cuya infraestructura construida para una capacidad de 150 internos, a la fecha alberga a 800 privados de libertad.

En su mayoría están a la espera de una sentencia, muchos se encuentran en calidad de preventivos y otro tanto por delitos menores como violencia familiar. De los 800 únicamente 180 tienen sentencia condenatoria ejecutoriada.

De ese total de detenidos 30 corresponden a detención preventiva por violencia familiar, mientras que solo 2 tienen sentencia por feminicidio.

La infraestructura ha colapsado, no hay ambientes suficientes para que puedan realizar actividades de reinserción social. Por lo que se programan jornadas de descongestionamiento de detenidos preventivos.

Es Estado se convierte en garante de estas personas y asume deberes de respeto y garantía a sus derechos fundamentales, como a la vida y a su integridad física, con la finalidad de desarrollar acciones de reinserción social. Además que debe velar por su salud ofreciendo centros de atención con el personal médico necesario y con los insumos requeridos para la demanda real.

Los derechos de las personas privadas de libertad están tutelados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Carta de la Organización de Estados Americanos mediante el Protocolo de Buenos Aires y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,

El Derecho Internacional de los derechos humanos, adopta medidas para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas personas y el personal de los recintos carcelarios. Sugiere las siguientes acciones como el de separar adecuadamente las diferentes categorías de personas, aspecto que no se cumple en el penal de San Pedro, como por ejemplo las personas preventivas o de delitos menores como violencia familiar se encuentran mezclados con los internos que cometieron asesinatos, homicidios, asaltos y otros.

También sugiere entre otros asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal, evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otra sustancias u objetos prohibidos por ley, a través de registros e inspecciones periódicas, promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos, evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción

MUJERES

Nuestro país ha avanzado bastante con relación a nuevas normativas gracias a Acuerdos del Estado Boliviano, siendo la base doctrinal la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación con las Mujeres de Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Se estableció la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los ámbitos, político, económico cultural y social. Y la transversaslización de temas de género en las políticas públicas.

Pero estos avances para esta población, han sido producto de la lucha de las organizaciones de mujeres, Organizaciones No Gubernamentales ONGs e instituciones, que no han dejado en ningún momentos de movilizarse para lograr resultados, que en forma sistemática el Estado ha asumido su responsabilidad de protección a las mujeres.

No obstante de la permanente capacitación y difusión de normativas y leyes, a través de charlas, talleres, cursos, conferencias y otros espacios, a favor de las mujeres, aún no es suficiente para empoderar a la mujer, para que pueda asumir su rol importante e independiente como ser humano, dentro de la familia, la sociedad, el trabajo y otros lugares.

Continuamente se van generando actividades en ese sentido, para impulsar propuestas e iniciativas para que las mismas mujeres sean las protagonistas en la defensa de sus derechos, Aunque falta mucho para lograr un avance significativo. Es un proceso y se está en eso. Con el apoyo sobre todo de la Defensoría del Pueblo, organizaciones de mujeres y ONGs.

Ahora las mismas mujeres son las promotoras y actoras para la incidencia, control social y de exigencia del cumplimiento de las leyes con relación a sus derechos y es importante su intervención en los diferentes espacios del quehacer en general de la sociedad.