No me cabe la menor duda de que Morales es una de las figuras polÃticas más relevantes de nuestra historia y esa realidad no cambiará cualquiera sea el desenlace de su paso por la vida pública. Su mayor fuerza ha sido siempre el carácter entre simbólico y mÃtico que le ha conferido ser el primer Presidente indÃgena del paÃs. La Constitución de 2009 completó el objetivo que habÃa iniciado la Revolución de 1952 y que desarrolló el periodo democrático anterior a 2006: movilidad e inclusión social y combate frontal a la discriminación y al racismo. Los astros alineados le regalaron la mayor bonanza económica de nuestra historia, lo que le permitió un gobierno de gasto e inversión combinados, que dejó un saldo de crecimiento de la clase media, reducción de la pobreza y mejora de las condiciones generales de vida en el paÃs. A la par, altos niveles de prebendalismo, corrupción y frecuentes acciones autoritarias.
Pero Morales traÃa consigo el veneno letal del caudillismo en su peor versión, la construcción de un liderazgo mesiánico, un vergonzoso culto a la personalidad y la falacia traducida en la aseveración: "El proceso de cambio soy yo". El Presidente, calificado por sus obsecuentes servidores por su supuesta "clarividencia", ratificó lo que no es otra cosa que su verdadero móvil, la toma, el disfrute y la preservación indefinida del poder total.
Toda la retórica de transformación de valores, la construcción de un nuevo edificio democrático, el compromiso de que la Constitución de 2009 no sólo era un tiempo de renovación, sino que contaba con una estructura legal que, como alguna vez dijo el Vicepresidente GarcÃa Linera: "ningún cachafaz podrá vulnerar", se pisoteó sin contemplación ni rubor alguno cuando no convenÃa a sus intereses.
Tanto en 2011 como en 2017, la elección de las autoridades del Ã?rgano Judicial no es otra cosa que la instalación en esa instancia de empleados del Poder Ejecutivo que obedecen sus órdenes y "moldean" la ley al servicio del autoritarismo. Es lo que el Tribunal Constitucional ha hecho dos veces. Los insignificantes personajes que lo integran (con el voto de menos del 5 % de los ciudadanos) no merecen ser recordados, pero deben ser juzgados por prevaricato como tornillos que son de una maquinaria bien engrasada. En 2013, vulnerando el mandato expreso de la CPE, habilitaron de modo penoso la tercera elección del Primer Mandatario. En 2017, antes de irse, cumplen la tarea sucia de degradar la CPE al declarar inaplicables cuatro de sus artÃculos, se mofan de la soberanÃa popular expresada el 21F y pretenden que la Convención Interamericana de Derechos Humanos los avale. Niegan el espÃritu de su artÃculo 23, que garantiza derechos de los ciudadanos frente a eventuales arbitrariedades del poder, y quieren olvidar que la Comisión Interamericana de DD.HH. se pronunció en 1993 expresamente en contra de la interpretación del "Derecho Preferente", en un fallo especÃfico e inequÃvoco sobre este tema (informe 30/93, caso 10.804).
Evo Morales, finalmente, ha cruzado el rÃo que separa la democracia del totalitarismo. Lo que viene es muy claro, la preparación de un proceso electoral que garantice el triunfo del Presidente-candidato al costo que sea necesario. El celofán democrático -ya inútil- seguirá intentando cubrir el corazón autoritario que late en el pecho de los gobernantes, que quieren mandar a Bolivia hasta el último dÃa de sus vidas.
Escribo estas lÃneas desde una convicción expresada públicamente innumerables veces, la del ciudadano que ni es ni quiere ser candidato a la presidencia de Bolivia.
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