Presentarán fallo del TCP a la CIDH como prueba del golpe a la Constitución

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El senador Oscar Ortiz anunció que presentarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que "legalizó" la repostulación indefinida, como prueba de la violación a la Constitución Política del Estado.

"Lo que vamos a hacer es presentar nuevamente ante la CIDH este fallo como prueba del golpe a la Constitución que ya se ha consumado. En octubre alertábamos que había un proceso de posible golpe a la Constitución con la admisión del recurso", declaró el legislador.

Ortiz y Arturo Murillo viajaron el mes de octubre a Washington, Estados Unidos para interponer ante la CIDH una denuncia en contra del Gobierno, los legisladores del MAS, y los miembros del Tribunal Constitucional por la violación del Pacto de San José de Costa Rica.

La oposición cuestiona que los seis magistrados del TCP se hayan atribuido la facultad de interpretar el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, y lo más grave definir la inaplicabilidad de la Norma Fundamental.

Manifestó que hasta la realización de las elecciones nacionales el 2019, harán todas las acciones legales para "anular" la "vergonzosa" sentencia del Tribunal Constitucional, porque además no respetó la voluntad expresada en dos referendos el de enero de 2009 cuando se aprobó la Carta Magna y el del 21 F.

En tanto surgieron diferentes ideas por parte de los opositores, para defender la democracia, quienes emitieron un pronunciamiento en contra del fallo del Tribunal Constitucional.

Entre los opositores que se pronunciaron están: los ex presidentes Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa; el ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas; los líderes políticos Samuel Doria Medina (UN) y Rubén Costas (MDS).

"Bolivia ha construido en los últimos 35 años un incalculable patrimonio democrático, del que la Constitución de 2009 es una parte esencial. Aún en la diferencia, hemos respetado, respetamos y respetaremos este texto refrendado por la mayoría de los bolivianos. Este patrimonio ha sido destruido por los miembros del TCP, pero muy especialmente por el Presidente y su gobierno, que instruyeron este nefasto fallo", señala el texto firmado por los cinco miembros.

Aseguran que el Presidente Morales "deshonra la palabra solemne que dio de cumplir la Carta Magna cuando la promulgó, y abre las compuertas para que Bolivia vaya en la ruta totalitaria en la que ya está la sufrida República de Venezuela".

Asimismo, el ex líder político, Juan del Granado, afirmó que los magistrados del Tribunal Constitucional y los "autores intelectuales" merecen ser enjuiciados y cárcel por el fallo sobre la reelección indefinida.

Dijo que en su momento, que no es ahora, porque sería "inútil", "hay que enjuiciar a los suscriptores de este fallo infame, porque han cometido un gravísimo delito de prevaricato y de violación de la Constitución, merecen la cárcel, juntamente con los autores intelectuales", afirmó.

Consultado sobre quiénes son los autores intelectuales del fallo, Del Granado respondió: "Los de atrás (Palacio de Gobierno) este es un fallo suscrito por el Tribunal Constitucional, pero este fallo fue redactado en Palacio de Gobierno, por Dios", sostuvo.

Aseguró que las máximas autoridades del Gobierno violaron la Constitución Política del Estado al forzar una interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

ABOGADOS

Por su parte el ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp), consideró este miércoles que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), incurrieron en el delito de prevaricato al emitir una resolución a favor de una nueva postulación del Presidente Evo Morales y otras autoridades electas.

"Los magistrados del TCP estarían incurriendo en prevaricato al emitir resoluciones contrarias a la Constitución para generar la inaplicabilidad de la normativa constitucional, sin competencia expresa y sin respetar los resultados de dos referéndums, traicionando el sistema constitucional vigente y su propio rol de guardián de la Constitución, lo que supone una ruptura del orden democrático constitucional", aseveró el presidente del Icalp, Israel Centellas.

Explicó que la Constitución Política del Estado posibilita a los magistrados a realizar controles de constitucionalidad sobre cualquier ley que vaya en contra la CPE y no a asumir acciones contra la misma Carta Magna.

Fuente: La Paz, 29 (ANF)