Procurador no reconoce Tribunal donde se denunció al Estado por el Tipnis
25 nov 2017
Fuente: La Paz, 24 (ANF)
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El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, afirmó que las sentencias del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza no son vinculantes, porque Bolivia no ha otorgado su consentimiento para que tenga jurisdicción, al referirse a la denuncia de los dirigentes del Territorio IndÃgena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) contra el Estado ante esta instancia.
El Procurador en contacto con los medios de comunicación sostuvo que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) no tiene jurisdicción sobre el paÃs.
"No existe un Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en el que Bolivia hubiese otorgado su consentimiento para que tenga jurisdicción", declaró la autoridad, al ser consultado sobre la denuncia que los dirigentes del Tipnis interpusieron.
"Evidentemente cualquier instancia de esta naturaleza va a tener cierto valor, pero nosotros somos una instancia de defensa legal, somos instancia de defensa en foros civiles, en foros de personas", sostuvo la autoridad.
Explicó que la ProcuradurÃa se constituye en una instancia de defensa legal del Estado, "somos abogados y seguro que habrá otra instancia más idónea que nosotros". Precisó que Bolivia al no ser parte de ningún foro en materia de medio ambiente, las determinaciones del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza no son vinculantes al Estado.
Los indÃgenas consideran que el Gobierno tiene un discurso de defensa de la Madre Tierra, pero que tiene una práctica contraria, cuando pretende construir megaobras en las reservas naturales, como la construcción de una carretera por el Tipnis que atentarÃa contra la armonÃa de los indÃgenas y la naturaleza.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es un organismo organizado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, es una iniciativa proveniente de la sociedad civil, a fin de exigir o hacer valer una mayor justicia ambiental frente a gobiernos o actores económicos privados, que tienen una actitud de encubrimiento en materia del reconocimiento o procesamiento de serios crÃmenes ambientales.
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