La legitimidad del voto nulo

La libertad natural, fundamentalmente en su expresión más estereotipada, del voto como "decisión acerca de una persona o de una opción sobre un tema que define el futuro de una región, en términos micros o macros, o país, que se presenta en una opción o consulta", es un derecho intrínseco que no debe aceptar condicionamientos o límites que atenten contra su virtud de nacimiento: la voluntad.

En el Art. Tercero de Derechos Civiles y Políticos, Sección I de Derechos Civiles, Art. 21, en su Numeral 5, se dice, sobre los derechos y deberes de las bolivianas y bolivianos: "A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma escrita o visual, individual o colectiva".

Y en el mismo artículo, Numeral 6, se manifiesta: "A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual y colectiva".

Estos elementos, cuestionables o no, aprobados por seis de cada diez bolivianos en 2009, los que podrían generar un margen cierto de legitimidad, responden, se quiera o no, a principios adoptados por el Estado boliviano de acuerdo a normas universales.

En esta fundamentación, en el Art. 182, Numeral III de la Carta Magna, se adiciona y surge el elemento que condena a su destrucción natural a las amenazas de juzgar penalmente a los que se oponen conscientemente al rumbo del actual proceso electoral judicial: "Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El �?rgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos".

Y, para que esté más claro todavía, en el Art. 82 de Prohibiciones de la Ley del Régimen Electoral se señala: "A partir de la convocatoria, ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social colegiada o política, podrá realizar propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio de comunicación, incluyendo Internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, constituyendo falta electoral sin perjuicio de la calificación penal".

Como se ve, solamente está penalizada la propaganda a favor o en contra de algún candidato, sin referirse en absoluto la norma al voto en blanco o nulo, los que son absolutamente legales en un acto electoral. Y, más de lo que se podría pensar, si el Tribunal Supremo Electoral se sitúa en prácticas favorables a la desintegración de la democracia, porque permite situaciones que lesionan derechos constitucionales, las que desnaturalizan la elección de autoridades judiciales; este ente es responsable, al difundir los méritos de las candidatas y candidatos de manera parcial cuantitativa, sin considerar sus cualidades profesionales y académicas como imprescindibles, y favorecer su elección espuria, incurre en parcialización.

En síntesis, el voto nulo y su difusión consciente, sin hacer propaganda concreta a favor o en contra de algún(a) candidato(a), es legal y será condición de una forma legítima de expresión democrática.