Miercoles 22 de noviembre de 2017
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En democracia, el ciudadano que acude a un recinto electoral lo hace consubstanciado con el derecho de votar por el o los candidatos de su preferencia, con la libertad de votar en blanco y con la de anular su voto. Este es un derecho incuestionable que nadie puede limitar o prohibir porque el voto es el resultado del sentir de la conciencia de quien acude a las urnas.
Cuando un ciudadano vota, lo hace a favor de quien cree conveniente y, si anula su voto o lo hace en blanco, también es el ejercicio de lo que su conciencia le dicta. Con motivo de las próximas elecciones para elegir a los integrantes del Poder Judicial, persiste la idea de anular el voto en razón de que, para la mayoría, ninguno de los postulantes merece la confianza pública por creerse que ya fueron designados con anticipación y que la inclusión de sus nombres como candidatos es, simplemente, cumplir con una formalidad.
En el sentir popular hay diversas posiciones: los que creen y confían en el partido de gobierno; los otros que dudan porque, lamentablemente, se han dado suficientes razones para la desconfianza especialmente porque, según las propias informaciones oficiales, un 50 % de los postulantes no cumplió con los requisitos para postularse a situaciones jerárquicas dentro del aparato judicial. Este hecho era simple razón para que se anule toda la convocatoria y, si se quiere persistir en llevar a cabo elecciones, hacerlo en otra oportunidad o cambiar el sistema que bajo ningún punto de vista merece ser creíble; pero, todo señala que no importarían los defectos habidos para escoger a posibles funcionarios judiciales porque no se ha dado señal alguna en sentido de cambiar sistemas para integrar la judicatura judicial.
