Zonas rojas y principio de autoridad

El delito no se negocia se sanciona, afirman expertos en criminología basados en la teoría de Lombroso que recomienda que un crimen debe ser sancionado para evitar que un delincuente conviva en la sociedad y más aún si se trata de delitos cometidos para ocultar otros mayores, como es la existencia de redes dedicadas al narcotráfico y el contrabando en el Norte de Potosí y la zona Sur de Oruro.

La indignación del primer mandatario del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, manifiesta por lo acontecido debe hacer prevalecer el principio de autoridad, para que nunca más ocurra un hecho similar, porque en Bolivia se cometen crímenes de lesa humanidad y sólo en el sentido político se gestionan o tramitan sentencias, más no para humildes personas como estos cuatro servidores del orden, que al final resultan ser una referencia más de las estadísticas, como ocurrió antes en Mina Santa María, Mina Huanuni y Caihuasi, donde mineros por reclamar sus derechos fueron victimados.

Hasta ahora y luego de muchos años, tampoco se pudo establecer dónde esta el cuerpo del teniente Encinas, quien trabajaba en el Control Operativo Aduanero (COA) y al pretender incautar cuatro camiones con mercaderías de contrabando que internaban al país, fue abandonado por sus camaradas que habrían negociado el paso de tres trailers, dejando a su suerte al COA que quería “cumplir la ley”. La desaparición de Encinas en Sabaya, a donde fue trasladado en un camión por los contrabandistas desde Cruce Opoqueri, sigue siendo un misterio pese a encontrarse manchas de sangre de la víctima en el camión.

Lo sucedido en Uncía es una pequeña muestra de lo que podría ocurrir en el futuro por la actitud de los narcotraficantes que lograron empoderarse en las zonas rojas del Norte de Potosí y Sur de Oruro, convenciendo a las autoridades originarias y pobladores del lucrativo negocio que resulta ser el tráfico de drogas y el contrabando de mercaderías. Los “narcos” logran protección y hasta son benefactores, porque llegan con vehículos indocumentados y robados, grandes lotes de mercaderías y licores que obtienen por la entrega de importantes alijos de droga en la frontera con Chile, para que la cocaína sea llevada a Europa.

La lucha contra el narcotráfico que instruyó a las Fuerzas Armadas el presidente Evo Morales debe ser efectiva, porque lo contrario será sólo un saludo a la bandera y no habrá forma de frenar el crecimiento de la actividad delincuencial que ahora se encubre a título de “justicia comunitaria”. Los delitos de narcotráfico, crímenes e ilícitos aduaneros no pueden ser sancionados por las autoridades originarias en las comunidades, todo proceso penal debe ser remitido a la Justicia Ordinaria y en el caso que corresponde a la muerte de los cuatro policías en Uncía, el Fiscal de Distrito de Potosí tiene la obligación de actuar de oficio para identificar y sancionar a los culpables.

Cualquier documento que se haya pretendido hacer firmar o firmado es nulo de pleno derecho, porque no se pude llegar a transar un crimen de lesa humanidad, tampoco se puede poner precio a una vida y lo que es más no puede quedar impune este hecho que ha sacudido a los bolivianos y en especial a los orureños que esperamos que a la brevedad posible sean identificados y sancionados los autores materiales, intelectuales y los encubridores y cómplices de masacre de los policías.

No puede primar el capricho de los dirigentes campesinos de la zona del Norte de Potosí, porque eso es encubrir un delito y de forma directa los convierte en cómplices, por lo que también deben ser procesados y sancionados, sin gozar de ninguna prerrogativa especial porque más bien, ellos están obligados a identificar y entregar a las autoridades a los autores de la muerte de los cuatro policías del Diprove.

La ley no se tranza, no se negocia, los crímenes se sancionan y hay que identificar a los autores para que prevalezca, se preserve y recupere el principio de autoridad que debe estar presente en todo momento para conseguir una sana y pacífica convivencia entre bolivianos.

(*) Periodista

Fuente: LA PATRIA